Ciudad de México.- El espionaje del gobierno de México llegó hasta un equipo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indagaba sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Así lo informó “The New York Times”, basado en una investigación de la organización canadiense Citizen Lab.
La desaparición forzada de los jóvenes en el municipio de Iguala, Guerrero, quienes presuntamente fueron entregados a narcotraficantes, es uno de los casos emblemáticos a nivel internacional sobre la impunidad que persiste en México.
De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como se le llamó al grupo de la CIDH, recibió en su móvil mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.
La investigación del Citizen Lab confirmó que un teléfono perteneciente al GIEI recibió mensajes de texto a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final sobre su investigación.
Ese teléfono del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al funcionar como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.
"Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje", asegura el diario.
Los integrantes del GIEI aseguran haber recibido mensajes SMS idénticos en todos sus móviles, el cual convierte el teléfono en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.
"No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad. No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto.
"Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México", señaló el abogado chileno Francisco Cox, uno de los integrantes del grupo.
El análisis revela que los mensajes SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI entre el 1 y el 4 de marzo de 2016, fechas en las que otros involucrados en el tema, como la ONG más activa en el caso Ayotzinapa, también fueron víctimas de espionaje.
"El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial, las cosas cambiaron", dijo Cavallaro, quien era presidente de la CIDH cuando se dieron los intentos de hackeo.