México.- La Procuraduría General de la República (PGR) identificó en Europa, y concretamente en Suiza, cuentas bancarias ligadas a presuntas operaciones de lavado de dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; sin embargo, hasta ahora, no ha podido acceder a ellas para conocer los montos y movimientos.
En la audiencia inicial, que se realizó el pasado 17 de julio, la PGR dio a conocer la imputación a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, y reveló que tiene indicios de cuentas bancarias ligadas con los propietarios de una empresa, denominada Consorcio Brades, que se utilizó en presuntas operaciones de lavado.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Consorcio Brades es una compañía fondeada con recursos provenientes de múltiples empresas fantasma, que, a su vez, los recibieron de dependencias de la administración de Javier Duarte.
Con ese dinero la empresa simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio a prestanombres del exgobernador y así lavar recursos.
Consorcio Brades también es una compañía fachada constituida por presuntos prestanombres, pero cuyo dueño real, según la Procuraduría, es Moisés Mansur, el principal colaborador de Javier Duarte en las operaciones delictivas.
Cabe señalar que la Procuraduría asegura que, tan sólo a través de Consorcio Brades, se consiguió lavar el origen de 223 millones 896 mil pesos de las arcas públicas y que a la postre se habrían utilizado para la adquisición de un yate, joyas y varias propiedades. Pero los fiscales creen que hay múltiples recursos que no se han localizado y que se indaga su destino.
Suiza es el tercer país al que la PGR pide colaboración internacional en la investigación contra el exgobernador de Veracruz. Previamente lo hizo a Estados Unidos y España para el rastreo de varias propiedades ligadas al exmandatario estatal y a su círculo familiar y de amistad.
Les falta tiempo… y pruebas
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, la PGR señaló que necesita más tiempo para conseguir los indicios necesarios que permitan acusar formalmente y llevar a juicio al exgobernador Javier Duarte.
Para ello, la PGR solicitará al juez de Control que autorice un plazo de investigación complementaria, que se contempla en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de seis meses para terminar la carpeta de investigación.
Esta solicitud sólo será procedente si, en la audiencia del próximo sábado 22 de julio, el juez Gerardo Moreno, a cargo del caso, considera que los datos iniciales ameritan abrir un juicio contra Duarte, y entonces sí dará un aval para la investigación complementaria.
Entre los elementos que la PGR necesita integrar en la carpeta de investigación se encuentran peritajes en materias de contabilidad, así como financieros que permitan establecer una conexión de las operaciones que, según la imputación, ordenó Duarte desde su posición como gobernador para su beneficio.
Hasta ahora, la Procuraduría tiene pistas de que Javier Duarte instruyó lo anterior gracias a la declaración de un exabogado suyo, Alfonso Ortega, quien aceptó colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado al menos de momento. Pero aún se necesitan evidencias para robustecer estos dichos.
Otro punto clave es identificar el origen del dinero. En la audiencia inicial del caso la PGR imputó a Duarte ser el responsable del desvío de 438 millones de pesos provenientes del erario público; sin embargo, sólo pudo demostrar con un dictamen que 38.5 millones provenían de una cuenta bancaria a nombre de la Secretaría de Educación.
Lo que falta por identificar con precisión es el origen de los otros 400 millones de pesos, es decir, las cuentas bancarias de las dependencias de donde habrían salido los recursos.
En el expediente también se identifican cuatro departamentos de lujo, cada uno con un precio de entre 1.3 y 1.5 millones de dólares, en el conjunto Finestre, en Ixtapa Zihuatanejo, que pertenecen a Mansur y otros prestanombres pero que según la PGR en realidad son de Duarte.
La Procuraduría necesita documentar cómo se pagaron esos departamentos, es decir, si fue en efectivo o a través de cheques u operaciones bancarias. Es el mismo caso del yate Aquariva que habría adquirido Ortega por indicaciones del exgobernador de Veracruz.
Los fiscales señalaron en la audiencia que “la investigación en contra de Duarte es un caso abierto” y que existen varios elementos más que se están recabando para integrarlos formalmente al caso.
Perdona a operadores de Duarte
Dos excolaboradoes de Javier Duarte en las presuntas operaciones de desvío de recursos y lavado de dinero no serán consignados por la PGR, luego de que ésta aceptó no presentar cargos en su contra o retirárselos a cambio de que colaboren con el Ministerio Público en la indagatoria.
La confirmación de lo anterior se dio en la audiencia inicial, en la que, a solicitud de los abogados, la PGR aceptó que aplicó “criterios de oportunidad” en ambos casos.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en sus artículos 256 y 257, que aplicar “criterios de oportunidad” significa que el Ministerio Público se abstendrá de proceder penalmente en contra de una persona que decida colaborar con la autoridad aportando información que ayude a resolver el caso, siempre y cuando no se trate de delitos violentos.
Una de las dos personas que recibió este beneficio es el abogado Alfonso Ortega López, quien desde el principio aceptó colaborar con la PGR. Dicho abogado dio una declaración en la que detalla múltiples operaciones que realizó bajo las supuestas órdenes de Javier Duarte, entre ellas la creación de empresas fantasma, compra de propiedades, traslado de dinero en efectivo, etc.
El otro “perdonado” por la PGR es Juan José Janeiro, también exabogado de Duarte y quien según la declaración de Ortega dirigía múltiples operaciones irregulares ordenadas por el exgobernador, entre ellas aparecer como prestanombres en la adquisición de propiedades como ocurrió en el rancho conocido como La Mesa en el estado de México.
La defensa de Javier Duarte adelantó que, en la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo sábado, donde se definirá si hay elementos para que el gobernador vaya a juicio por los delitos que se le imputan, pedirá la presencia física del Alfonso Ortega para que sea interrogado.