México.- La Procuraduría General de la República pidió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de más de mil 670 millones de pesos.
Durante la audiencia que se realiza este sábado en contra de Duarte, misma que podría extenderse por más de 12 horas, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, pidió la vinculación a proceso contra el exmandatario.
De acuerdo con información que proporcionó durante la audiencia, al menos cinco dependencias del Gobierno de Veracruz desviaron recursos a empresas “factureras” que simularon contratos.
Entre las dependencias señaladas por la autoridad investigadora, destacan las Secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social.
En la imputación contra Duarte se señaló a las empresas Laaedifica México, Bepha Inmobiliaria,Sakmet Inmobiliaria, Agatone Advisory y Diseños Arquitectónicos Melvan como responsables de la simulación de contratos.
Presuntamente, estas reenviaron 194.1 millones de pesos a otras 27 empresas fantasma y estas últimas hicieron otra transferencia de 508.7 millones de pesos a un distinto grupo de compañías.
Se informó, además, que el dinero, 511 millones de pesos, fue utilizado en parte para financiar la compra de terrenos en Campeche que son propiedad de Moisés Mansur y Alfonso Ortega Sánchez, supuestos prestanombres del exmandatario.
El juez que dirige la audiencia de este sábado informó que se harán recesos de 15 minutos cada tres horas.
Hasta el momento se han presentado ocho datos de prueba en contra de Duarte.
Empresario reclama 3.5 millones a Javier Duarte
Un empresario de la construcción acudió a los juzgados federales del Reclusorio con el fin de reclamar una deuda por 3.5 millones de pesos por contratos de obra pública a Javier Duarte.
Rafael Matías Roble, propietario de la empresa Construcciones e Inmobiliaria RMO, presentó la promoción por escrito con su exigencia.
El constructor señaló que su caso se integró a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Veracruz, donde se imputan a funcionarios de esa administración por el incumplimiento de contrato.