Ciudad de México.- Un grupo de senadores del PRI, PRD e independientes pretende acusar civil y penalmente a las constructoras que violaron la normatividad en la edificación de inmuebles que terminaron derrumbados durante el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, y fincarles hasta 10 años de prisión.
Una de ellas, la senadora priista, Ana Lilia Herrera, demandó sacar de la “congeladora” una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 10 años de cárcel a los responsables de construcciones irregulares.
Herrera explicó que la intención es que los responsables de esos delitos también reciban castigos económicos, que podrían ir desde los 300 hasta los 3 mil días de multa.
La senadora también demandó que los funcionarios públicos involucrados en la entrega de autorizaciones irregulares queden inhabilitados para el servicio.
“Con el sismo, unos 3 mil edificios en la Ciudad de México resultaron severamente dañados y se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción.
"Además, otros tres fueron remodelados sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos para una zona lacustre de alta sismicidad”, dijo Herrera.
La senadora priista mencionó que las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se derrumbaron deberán asumir las consecuencias de no cumplir la ley. “Necesitamos erradicar la omisión y corrupción en las construcciones que se realizan en la Ciudad de México”, demandó.
Por su parte, el senador independiente, Alejandro Encinas, propuso que el Congreso emita un decreto en el que se obligue a las empresas a la reparación del daño y la indemnización de las personas afectadas por estas construcciones.
También contra exfuncionarios
Por su presunta responsabilidad en el desplome del colegio "Enrique Rébsamen", los exdirectores del Departamento Jurídico y Gobierno en Tlalpan, Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, fueron denunciados penalmente por el actual gobierno delegacional.
Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual también se menciona como presunta responsable a la dueña del inmueble, Mónica García Villegas.
Debido a que la denuncia fue presentada "contra quien resulte responsable", los exdelegados Higinio Chávez y Maricela Contreras también podrían ser llamados a comparecer.
Luego del análisis de los expedientes de construcción del colegio, la delegación encontró que desde 2010 debió haber sido demolido el cuarto piso, donde vivía la propietaria, por irregularidades de proceso.
En 2013 se determinó que, por irregularidades en la construcción, debía ser clausurado y, en teoría, se mantuvo con sellos durante 11 meses hasta que la dueña pagó una multa.
El colegio operó con el nivel irregular y tras haber sido suspendido siguió sin inconvenientes hasta 2016 cuando fue verificado por autoridades que en ese momento pudieron clausurarlo y no lo hicieron.