México.- En 2013 la Secretaría de Desarrollo Social era encabezada por Rosario Robles y tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas y gorras para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, recién creada por el Gobierno.
Los apoyos debían llegar a las familias cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancias de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios con las Universidades Autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Las universidades no dieron ningún servicio, únicamente se prestaron para la operación y se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
El resto del dinero, más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con tantas irregularidades que por ley debían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos.
Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad visitaron las empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que los recursos se les entregaron a tres empresas "fantasmas", catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015.
Otras tres están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; seis no cumplen con un requisito indispensable para operar -registro ante la Secretaría de Economía.
Otra desmanteló su oficina apenas recibió el dinero; otra no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pues reportó un domicilio falso.
Una más tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.
Sólo una es legal
La Sedesol de Robles, a pesar de todas estas anomalías, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones de pesos por parte de las universidades a cambio de no hacer nada.
Dato ABC.- CONTRA LA CORRUPCIÓN El portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron este reportaje, que se publica en convenio con Periódico ABC.