Ciudad de México.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó a la Cámara de Diputados que a un billón de pesos podría ascender el desvío de recursos públicos con facturas falsas y que el 70 por ciento de esos recibos apócrifos fueron utilizados por secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, universidades y la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros.
Durante el Foro “Corrupción y Empresas Fantasma: propuesta de reforma legal para su combate eficaz”, que organizó el partido Morena, la titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, dijo que la utilización de facturas falsas debe tipificarse como delito grave y que el castigo sea de 10 años de cárcel.
“Se debe perseguir penalmente a estos factureros falsos, a esas empresas fachada como lo que son: redes de delincuencia organizadas y, además, utilizan como accionistas a prestanombres y compran datos personales en el mercado negro para constituir sus empresas, por lo que ese delito debe pasar a la modalidad de delincuencia organizada. Ha faltado voluntad política para combatir las redes de corrupción”, subrayó.
Explicó que la compra de facturas falsas representa el seis por ciento del PIB y el 70 por ciento de esos comprobantes fiscales falsos son adquiridos por entidades del sector público.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desató el “boom” de las facturas falsas y las empresas fantasma, con las cuales han querido justificar el robo descarado del presupuesto y citó el ejemplo de la llamada ´estafa maestra´.
“Para que haya oferta de facturas falsas y para que se fortalezca toda esa red tiene que haber una gran demanda y el principal demandante son gobernadores, secretarios de Estado, partidos políticos, es decir, muchas entidades del sector público, por eso estamos elaborando el proyecto de ley para que se considere delincuencia organizada; es mucho el saqueo a las arcas nacionales y un daño muy grande a los contribuyentes”, comentó.