Michoacán.- Mientras el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presumía ante el Presidente López Obrador haber logrado “un punto de inflexión” en la violencia, en el municipio de Aguililla, Michoacán, la delincuencia demostraba lo contrario.
Sin importar los esfuerzos que tres presidentes y siete gobernadores han implementado para mejorar la seguridad en Michoacán desde 2006 a la fecha, el estado sigue prácticamente secuestrado por la delincuencia organizada.
Y la mañana de ayer, casi de manera simultánea con la presentación de resultados que el responsable de la seguridad del país hacía ante el Primer Mandatario, al menos 14 policías estatales murieron tras ser emboscados en Aguililla.
El ataque, atribuido preliminarmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó el arranque de una ofensiva oficial contra narcotraficantes en esta región de Michoacán y puso en evidencia lo ineficaz que ha sido una estrategia que inició desde 2006.
En diciembre de ese año, cuando apenas llevaba pocos días en su puesto, el entonces Presidente Felipe Calderón ordenó desplegar al Ejército en la llamada Tierra Caliente, de este estado, azotado en aquellas fechas por el cártel de La Familia Michoacana.
Para demostrar la importancia que para su gobierno tenía “pacificar” a Michoacán, Calderón acudió personalmente en enero de 2007 a Apatzingán, donde usando un uniforme militar exhortó a los soldados a seguir en la batalla contra el crimen organizado.
A partir de entonces, dos presidentes más, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han ocupado el cargo de Calderón y siete mandatarios estatales han “desfilado” por la entidad, pero la violencia y el crimen siguen dominando el panorama local.
RESPUESTA OFICIAL
Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en Michoacán, confirmó que tras la mortal emboscada, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, patrullan desde ayer comunidades, carreteras y caminos de terracería aledaños a Aguililla.
El jefe policíaco reveló que las víctimas formaban parte de un grupo de 41 oficiales que, a bordo de cinco patrullas, iban a recoger a una mujer y a su hija para apoyarlas en el traslado ante un juez de la región, por un litigio de carácter familiar.
“Hay –en Aguililla– un grupo de civiles armados asentado en esta zona, desconocemos a qué grupo pertenecen, sin embargo, sabemos que son civiles armados”, señaló el funcionario, quien precisó que en el ataque se usaron además granadas de fragmentación.
“Fue una circunstancia que se dio como las que se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país”, dijo Sánchez Cordero.