Ciudad de México.- El Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy un plan para garantizar los derechos y la protección a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, donde el 48 por ciento son indocumentados.
En su rueda de prensa matutina, el mandatario destacó la necesidad de dar “apoyo a nuestros paisanos migrantes” quienes por “necesidad” viven en Estados Unidos.
Los calificó de ciudadanos “ejemplares” porque, pese a sufrir “maltrato”, aportan a México remesas por más de 30 mil millones de dólares anuales.
“Es un apoyo fundamental para la economía popular, para la economía de los pueblos. Por esto, nuestro compromiso de apoyarlos, protegerlos y apoyarlos”, agregó.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, describió este plan de apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos de 3 mil 925 millones de pesos (alrededor de 205 millones de dólares).
Indicó que 2 mil 163 personas trabajarán en el programa, y la cifra podría incrementarse hasta las 2 mil 800 personas si se aumenta el número de consulados móviles.
Explicó que también se revisarán los recursos destinados a casas de cónsules y a oficinas, para que se garantice la austeridad.
De acuerdo con sus cifras oficiales, actualmente 11.8 millones de mexicanos viven fuera de México.
De estos, el 97.2 por ciento -11.3 millones- radican en Estados Unidos, concentrándose en los estados de California, Texas y Arizona.
El 8 por ciento tienen visas, un 17 por ciento tiene doble nacionalidad, el 27 por ciento son residentes permanentes y el 48 por ciento son indocumentados.
“Estos son los más vulnerables, los que tenemos que apoyar más”, puntualizó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este programa buscará alejarse de una “visión defensiva” de las autoridades mexicanas para ser “proactivos” y “más eficaces”.
Entre las principales quejas de la comunidad mexicana en el extranjero están las deficiencias detectadas en el servicio de Mexitel, la plataforma digital para trámites consulares que pertenece a la Cancillería.
Así como la falta de orientación y representación legal, las visitas insuficientes a prisiones, la cobertura escasa de los servicios móviles, la falta de vinculación con organizaciones locales y modelos de apoyo obsoletos.
Para contrarrestar estas quejas, el plan consta de diez acciones. Se adoptará como “eje transversal” el desarrollo de mecanismos de participación con gobiernos municipales y atención al migrante; se dará especial atención a los grupos vulnerables y se ampliará la red de abogados y organizaciones especializadas.
Además se buscará una promoción “activa” de la identidad cultural mexicana y se ampliarán los programas de educación, salud y deporte para “elevar la calidad de vida”.