Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó en lo general reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para inhabilitar de forma temporal o definitiva a servidores públicos y particulares por actos de corrupción en el manejo de finanzas públicas, dicha inhabilitación es conocida como “muerte civil”.
La iniciativa fue avalada con 110 votos a favor y cero en contra, ahí se establece que para responsables de faltas administrativas graves, la sanción sería la destitución e inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, comisión o cargo público.
Esta inhabilitación impediría a los responsables participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
La temporal se dará cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y será por un plazo de uno y hasta 10 años.
Mientras que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido excede el límite antes mencionado.