México.- A fin de garantizar que los recursos destinados para el combate de la pandemia COVID-19 sean utilizados de forma responsable por las autoridades, Consejeros de los Sistemas Anticorrupción de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, hicieron un llamado a transparentar las acciones.
A través de un comunicado conjunto, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo León y Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitaron transparentar toda acción realizada con uso de recursos públicos.
“Hacemos un atento llamado a los gobiernos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a fin de transparentar la información respecto a las acciones implementadas, compras y adquisiciones para hacer frente a la contingencia sanitaria propiciada por la enfermedad COVID-19, a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de las Entidades Federativas y los municipios”, mencionan.
La misiva busca garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales de la población.
Solicitamos “Mantener para consulta directa y difundir, a través de sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre el diseño, ejecución, criterios, en su caso reglas de operación, población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como el área responsable de la entrega”, señalan.
Así mismo, piden a los gobiernos estatales los nombres de los beneficiarios de los programas de subsidio, estímulo y/o apoyos otorgados y os padrones de beneficiarios de los programas sociales; de proveedores y contratistas y un listado de las instituciones de beneficencia que reciban recursos públicos del sujeto obligado.