Guadalajara.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha unido a las exigencias de justicia para Giovanni López Ramírez.
Además recordó a las autoridades de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota”, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia de autoridades "se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado".
El organismo también mostró su apoyo y exigió respeto para las personas que se han manifestado en la ciudad de Guadalajara, o planean hacerlo, para exigir justicia en torno al presunto asesinato a golpes del que fue víctima el vecino de Ixtlahuacán de los Membrillos el pasado mes de mayo.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la muerte del Sr. Giovanni López Ramírez que, de acuerdo con información oficial, habría ocurrido el 5 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad”, dice el comunicado que emitió la ONU en su sitio web.
La ONU-DH también pidió a las autoridades realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente en la que se incluyan todas las líneas de investigación, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de derechos humanos que se hubieran cometido en contra del albañil de 30 años de edad.
Asimismo, el organismo calificó de “preocupantes” las declaraciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en las que se reveló que ya existían investigaciones penales previas contra elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y de su alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar.
Debido a que los familiares de Gionanni López Ramírez han mencionado que la detención del joven, realizada el 4 de mayo, se debió a la supuesta falta del uso del cubrebocas, de uso obligatorio en Jalisco, la ONU-DH dijo que ya ha compartido con algunas autoridades federales y estatales, incluido el gobierno de Jalisco, un conjunto de “Directrices de derechos humanos para medidas de emergencia durante la pandemia COVID-19 en México”.