Ciudad de México.- El papá del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, operó de manera personal desde diciembre del año pasado, la entrega de su hijo a las autoridades mexicanas.Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía y director del Issste durante el gobierno de Carlos Salinas, negoció con la Fiscalía General de la República (FGR), para que su hijo aceptara la extradición, siguiendo tras su detención en febrero, la estrategia trazada por el jurista español Baltasar Garzón y el ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros, indicaron colaboradores de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Según lo revela La Jornada, las fuentes revelaron que desde la segunda quincena de diciembre los representantes de Lozoya Austin, principalmente su padre, y personas cercanas al abogado Javier Coello Trejo, entablaron el diálogo y fueron ofreciendo información al Ministerio Público a condición de que se otorgaran beneficios al ex director de Pemex, en ese entonces prófugo de la justicia mexicana y buscado por Interpol en más de 190 naciones.
Los entrevistados, quienes solicitaron el anonimato por ser cercanos a la agenda de los encargados de las áreas jurídica, de ingreso y vigilancia de la FGR, refirieron que los encuentros se efectuaron en la institución ministerial, en Insurgentes Centro 20, en la Ciudad de México.
En las reuniones participaron funcionarios de primer nivel de la FGR, como el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, y el encargado del área que dirigió la conclusión de la investigación del caso Odebrecht y la denuncia presentada por la compra de Agronitrogenados.
Sobre el caso Odebrecht, durante la gestión de Alberto Elías Beltrán, la entonces PGR se negó a llegar a un acuerdo reparatorio con la constructora brasileña, que ofreció pagar otros 10.5 millones de dólares como reparación del daño al Estado mexicano, y a cambio no se sancionara a nadie por los casos corrupción, incluyendo a Lozoya.
Luego del cambio de administración federal y la llegada de Gertz, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex titular de la SEIDF, impulsó el caso, obtuvo las últimas declaraciones de involucrados en los sobornos por parte de los representantes de Odebrecht y las constancias financieras del caso que existían en Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, y las integró al expediente con el cual se libró la orden de captura por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La posición inicial fue no aceptar acuerdos reparatorios, sino sancionar a los implicados, aunque entre ellos no estarían los representantes de Odebrecht, por así establecerlo los convenios firmados con el gobierno brasileño para obtener las declaraciones de los integrantes de la constructora sudamericana.