Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer una pena de 21 años de prisión en contra de Rosario Robles Berlanga, por omisión ante el desvío de más de 5 mil millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Enrique Peña Nieto, bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
La dependencia presentó una denuncia contra Rosario Robles sobre dos cargos por el mismo delito; una de las afectaciones que justificó fue ocasionada a la Sedesol de diciembre del 2012 a agosto del 2015 y en el caso de la Sedatu fue de agosto del 2015 a noviembre del 2018.
Además, autoridades solicitaron una multa económica para Rosario Robles, de 450 días, de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, que contempla el delito del ejercicio indebido del servicio público.
El monto de la multa se solicitó que se estime de acuerdo con los que la ex secretaria percibía de salario y será el juez el que realizará el cálculo, el cual podría ser cerca de los 2.5 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación formal que fue presentada el martes 25 de agosto, el ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta siete años de cárcel.
Lo cual significa una pena de 14 años por los cargos que se le indican en ambas dependencia, pero la Fiscalía indicó que es delito que cometió de manera continua, lo que aumenta la sanción tres años y medio por cada delito, lo que incrementa 7 años más de prisión.
Para Epigmenio Mendieta, defensor de Robles, la acusación es desproporcionada y “es muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con universidades.
Se trata de un delito que ya estaría prescrito, y en el que en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua, que era el oficial mayor”, dijo el abogado, quien confió en que demostrarán la inocencia de la ex funcionaria, que el pasado 13 de agosto cumplió un año de estar en prisión preventiva por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.