México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó no debatir, ni aprobar el dictamen en materia de ciberseguridad, en el que se plantea que las ‘fake news’ y campañas de desinformación sean consideradas como asunto de seguridad nacional.
Por lo que los legisladores convocaron a un parlamento abierto el próximo 26 de febrero a las 10:00 horas para debatir el tema con una mayor profundidad, luego que diputados y especialistas argumentaron que existiría un riesgo de censura.
El dictamen entregado a los legisladores plantea reformar el inciso XXIX-M del artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre la ciberseguridad, tomando énfasis en noticias falsas contra el gobierno, rumores en redes sociales y ataques “patrocinados por terceros”.
Además, señala que el Gobierno de México debe velar y salvaguardar la información de los ciudadanos que está disponible en internet, así como mantener la gobernabilidad.
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Señala el dictamen que un ciberataque es un intento de acceder ilegalmente a un sistema electrónico o a una red informática con la intención de extraer información o interrumpir su funcionamiento.
Estos ataques constituyen un “riesgo natural” al que se ve comprometida la seguridad nacional de distintos ámbitos y no escapan a la realidad actual de los cambios en cuanto a gobernabilidad, sector privado y sector social porque afectan la integridad de sistemas electrónicos producidos para tal efecto, robos de identidades e inclusive, delitos.
La iniciativa planteada en el congreso establece una serie de puntos clave para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; entre estos contempla regular las redes sociales con más de un millón de usuarios, como Facebook, Instagram y Twitter.
Para que estas puedan operar requerirán la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones y podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos previamente autorizados.
Además, solo cuentas que reproduzcan noticias falsas podrán ser suspendidas o eliminadas, al igual si expresan mensajes de odio, revelen datos personales o provoquen delitos; también se podrá presentar una impugnación ante el IFT por violaciones a la libertad de expresión.
Finalmente, se prevén multas de hasta 89 millones de pesos por violar la libertad de expresión.