Ciudad de México.- El Senado mexicano aprobó este martes la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca propulsar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los generadores privados, sobre todo renovables.
Con 68 votos a favor y 58 en contra, tras más de cinco horas de discusión el pleno del Senado aprobó en lo general la iniciativa preferente de López Obrador, aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados.
La bancada mayoritaria del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), que avalaron la reforma a falta de las reservas, defendieron el discurso del presidente con ataques y señalamientos a las empresas privadas.
"Queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica", dijo tras la votación, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez.
En la sesión se reservaron varios artículos que se discutieron y al final la normativa se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
En su turno el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la reforma "es constitucional y es congruente ya que prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica".
Precisó que si bien "no está descartada la generación de energía eléctrica a partir de plantas eólicas o solares, sólo se regula un orden para su despacho, es decir, México sí es promotor del uso de energías limpias".
Además, señaló que el documento "no atenta contra la libre competencia, sino que la regula. No es inconstitucional, promueve energías limpias que genera la CFE como las derivadas de hidroeléctricas, geotérmicas y termoeléctricas. Es una reforma indispensable",
Previamente, senadores de la oposición mexicana anunciaron este martes que, una vez que la reforma fuera aprobada por la Cámara Alta, presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.