Veracruz- El diputado del Partido Encuentro Solidario, Gonzalo Guízar Valladares, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura una iniciativa que reformaría el artículo 185 del Código Penal estatal, en materia de violación, para que sea incluido dentro de las sanciones la inhibición sexual química a los agresores.
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz solo hasta junio de 2021 se han registrado oficialmente 419 casos de abuso sexual, 214 casos de hostigamiento sexual, y 248 casos de violación simple.
En búsqueda de reducir el número de casos y para la protección de posibles víctimas, la castración química es un proceso dirigido en contra de violadores y agresores sexuales para reducir la libido y los deseos de mantener relaciones sexuales, consensuales o no.
Actualmente países como Indonesia, Estados Unidos, Polonia, Rusia, Estonia, Y Corea del Sur la castración química es obligatoria para los delincuentes sexuales que abusen de menores. En el caso ruso, los criminales sexuales cuya víctima sea mayor de 14 años pueden solicitar la castración química voluntaria.
También hay otros países en los que el procedimiento es voluntario, como el Reino Unido, Australia, España, Francia. Esto les permite acceder a la libertad condicional si ya están cumpliendo condena o lograr una sentencia más indulgente si aún están siendo juzgados.
De aprobarse dicha iniciativa, se propone la intervención de la Secretaría de Salud para su supervisión y para garantizar la seguridad de los involucrados y la preservación de sus derechos humanos. La castración química, al contrario del procedimiento quirúrgico, es reversible, y con esto buscan proteger los derechos individuales de los perpetradores.
Fue durante la misma sesión legislativa que la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz, propuso la condena de hasta 8 años de prisión para aquellos que difundan imágenes de cadáveres.
Esta sanción busca ayudar a preservar la dignidad de la víctima y de sus familiares, y disminuir la normalización de la violencia, especialmente la ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes.
La legisladora usó el caso de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio el pasado 9 de febrero de 2020, y que llegó a ser noticia nacional debido a las fotos de su cuerpo violentado que fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación.
Esto ocasionó que muchos acudieran a redes sociales con los hashtags #JusticiaParaIngrid y compartieran fotos y dibujos de Ingrid Escamilla en protesta por el actuar poco ético de los medios y la sociedad.
Actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local.