Confirma Suprema Corte adeudo de Elektra al SAT por más de dos mil mdp

La cadena de almacenes propiedad de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar por concepto de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta, aplicadas en la declaración de impuestos del ejercicio de 2006.

Es oficial Elektra tendrá que pagar al SAT más de dos mil millones de pesos.
Es oficial Elektra tendrá que pagar al SAT más de dos mil millones de pesos.(Redes Sociales.)

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia confirmó, en definitiva, que Grupo Elektra debe pagar dos mil 636 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por concepto de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta, aplicadas en la declaración de impuestos del ejercicio de 2006.

Luego de casi cuatro años de haber recibido el expediente, la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas y confirmó las sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de un tribunal colegiado de circuito.

La Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró, por tres votos contra dos, que la revisión interpuesta por Elektra era improcedente, pues no contemplaba algún tema de constitucionalidad que ameritara la intervención de la Corte.

Una vez que la Corte notifique oficialmente su sentencia, Elektra tendrá que pagar al SAT, que en años recientes ha trabado embargos sobre bienes de la empresa.

En su informe anual de 2020, la empresa informó que litigaba contra ocho créditos fiscales por un total de 34 mil 063 millones de pesos, y que este monto está debidamente garantizado ante la autoridad.

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En diciembre pasado, la compañía propiedad de Ricardo Salina Pliego pidió a la Corte atraer un amparo directo con el que impugna un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, confirmado en octubre de 2020 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el mas cuantioso.

En el caso resuelto hoy por la Corte, el Servicio de Administración Tributaria fincó el crédito en 2013, por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes.