Frenan decreto que obligaba comprar gas a Pemex y CFE

La medida fue impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tomó como referencia la postura de la Cofece.

(Especial)

Ciudad de México.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió con efectos generales la orden que obligaba al sector privado a comprarle gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex.

Esto luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió el pasado mes de julio una postura en contra de este decreto.

En ese momento, la Cofece advirtió que detectó una serie de riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, derivados de la estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) que establece la Secretaría de Energía (Sener).

La Cofece añadió que uno de los efectos adversos de una iniciativa como esta, es que generaría distorsiones para los competidores de la CFE en el mercado de producción de energía eléctrica.

Esto debido a que aquellos usuarios que recurren al gas natural para producir electricidad, estarían obligados a comprar el mismo insumo a su competidor directo, la CFE.

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De esta forma, la CFE podría tener incentivos para incrementar los costos del gas natural a sus competidores”, subrayó la comisión.

“En Coparmex Nuevo León vemos muy positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya suspendido el oficio que obligaba a que los participantes privados en el mercado del gas natural contaran con contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex”, comentó Cecilia Carrillo, presidenta de este organismo.

Y añadió que, sin lugar a dudas la postura emitida por la Cofece en julio fue fundamental para esta decisión.

“Esta obligación atentaba contra la libre competencia y concurrencia económica, generaba incertidumbre en el mercado, ponía en riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes y fracturaba el Estado de Derecho de la inversión privada”, añadió.