Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el “Plan B” en materia electoral no afecta en nada al funcionamiento del INE y por ello calificó de “cinicazos” a los integrantes del organismo que están quejándose de los cambios propuestos.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional se refirió directamente a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, quien estuvo 15 años en el cargo con un salario superior a los 160 mil pesos y que ahora se convirtió en el primer funcionario electoral cesado con la entrada en vigor del “Plan B”.
“Entonces no, está re bien así, son unos cinicazos, una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho porque como no se pudo hacer la reforma constitucional se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones”, expresó.
Sin embargo, el Presidente consideró muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y Edmundo Jacobo pueda regresar al INE para estar otros 15 años en el cargo.
“Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una república no una monarquía. Si se hace una reforma y se considera que un cargo como el que él desempañaba es innecesario y hay que ahorrar. Me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo, y cuánto gana... y todavía se atreve a ir a quejarse”, expresó.}
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Admiten la primera impugnación contra el 'Plan B'
Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reforma electoral “Plan B” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Esta controversia constitucional es contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, mismas que forman parte del “Plan B”. De acuerdo con el ministerio Pérez Dayán lo descrito en estas leyes producen una violación directa a las funciones del INE como órgano constitucional autónomo.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, precisa el acuerdo de admisión.