Ciudad de México. – El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se abrió una carpeta de investigación contra el juez responsable de dar libertad al presunto narcotraficante mexicano José Alfredo Cárdenas Martínez, mejor conocido como “El Contador”.
Desde la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la FGR manifestó su inconformidad ante esta liberación de quien estaría relacionado con el Cártel del Golfo.
“En el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación inmediatamente se le impugnamos, no solo en queja sino se abrió una carpeta en su contra por delitos en contra de la impartición de justicia”, aseguró Gertz Maanero.
Señaló que los elementos presentados son “más que suficientes”, y adelantó que este martes la Fiscalía expondrá un reporte completo acerca de lo que dijo el juez, la contestación que hubo y la manera en cómo se inició el procedimiento de queja.
“No podemos permitirlo que esto se esté repitiendo de esta manera, es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido”, puntualizó.
El juez en cuestión sería Gregorio Salazar Hernández, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, quien el pasado mes de noviembre dijo que la FGR no había presentado pruebas contundentes que vincularan a “El Contador” con los delitos por los que Estados Unidos solicitó su extradición.
¿Quién es ‘El Contador’?
José Alfredo Cárdenas Martínez alias “El Contador”, fue acusado de ser un presunto operador del Cártel del Golfo, organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en Tamaulipas.
Autoridades de Estados Unidos lo relacionan con trabajos de coordinación de envió de metanfetaminas, cocaína y fentanilo, además de otros delitos relacionados con el lavado de dinero.
Es además sobrino Osiel Cárdenas Guillén, narcotraficante y exlíder del Cártel del Golfo.
Tras su liberación, “El Contador” fue notificado que tendría que presentarse semanalmente ante el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, para efectuar el pago de una garantía económica equivalente a 5 millones de pesos, así como el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial.