Ciudad de México. - La organización Oceana hizo un llamado a la siguiente administración federal para que asuma su responsabilidad y así evitar la pesca ilegal, que pone en riesgo el ecosistema marino y especies protegidas.
La directora general de la ONG, Renata Terrazas, señaló que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se registró una disminución de oficiales federales de pesca, recorridos de inspección, vigilancia en agua y tierra, así como un debilitamiento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
Manifestó que a través de un estudio identificaron que el 40 por ciento de la captura pesquera es ilegal y que existen seis tipos de pesca que más daña los mares, entre ellos se encuentra la pesca en veda; en zonas prohibidas; Áreas Naturales Protegidas; especies protegidas, sin autorización y artes de pesca no permitidas.
“De cada cinco pescados que comemos, cinco productos marinos uno está siendo ilegal y está siendo lavado, vendido como si fuera legal, está perpetuado una práctica ilegal, no sólo están llenos al mar a pescar de manera ilegal, sino además están generando una competencia desleal a las y los pescadores que hacen bien las cosas, hoy en día así como lo dijo la Auditoría hoy en día no tenemos una política pública de combate a la pesca ilegal”, señaló.
La directora de campaña e incidencia de Oceana en México, Nancy Gocher, agregó que las propuestas serán entregadas a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez para que sea parte de su estrategia para una solución desde la política pesquera.
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“La próxima administración tiene la oportunidad de tomar algunos elementos de la propuesta política pública que Oceana pone sobre la mesa para poder combatir efectivamente las pesca ilegal que hay en México, esto es urgente, como ya lo dijo Renata, el sector pesquero nuestros océanos, la abundancia marina dependen de ello, y no podemos esperar a que pasen 10 años más y sigamos teniendo 40% de pesca ilegal”, indicó.
Entre las exigencias se encuentra tener un mayor presupuesto para la implementación de la política pública y las actividades de inspección, vigilancia; generar información para atender y enfocar mejor los recursos de la autoridad; mecanismos de transparencia, revisión de cuentas y participación de las los pescadores; así como una reestructuración del sistema de sanciones para disuadir la pesca legal y procesar adecuadamente los culpables.