Ciudad de México.- Un nuevo escándalo ha puesto al expresidente Enrique Peña Nieto en el centro de la polémica. De acuerdo con el medio israelí The Marker, dos empresarios de origen israelí habrían pagado 25 millones de dólares como soborno para facilitar la venta del sistema de espionaje Pegasus durante su administración.
Los señalados son Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, quienes presuntamente fungieron como intermediarios para comercializar el software en México a través de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la extinta Procuraduría General de la República y el desaparecido Cisen.
El escándalo salió a la luz a raíz de una disputa legal entre los empresarios, quienes rompieron relaciones y terminaron enfrentándose en tribunales.
Ansbacher exigió a Neriah la devolución de una parte del dinero invertido en “gestiones” con una figura política mexicana de alto nivel, a quien se refieren en los documentos judiciales como "el hombre mayor" o "el N", referencias que apuntarían a Peña Nieto.
En medio del conflicto, se presentaron pruebas que sugieren que el pago millonario tenía como fin asegurar el contrato de Pegasus, una herramienta de vigilancia electrónica que fue utilizada durante el sexenio de Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.
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La investigación también revela que Neriah fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, cargo que le habría permitido establecer contactos clave para avanzar en las negociaciones.
Paralelamente, un testigo protegido de la Fiscalía General, identificado como “Zeus”, declaró ante un juez que el propio Peña Nieto habría ordenado personalmente los objetivos del espionaje, refiriéndose a él como “El Patrón”.
Entre las personas espiadas, figuran periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón.
“Zeus”, excolaborador del corporativo KBH —empresa fachada utilizada en la operación de Pegasus—, detalló que se elaboraban listas con nombres de personas a vigilar, mismas que se entregaban al Cisen.
Aunque el nombre del exmandatario no aparece de forma directa en los documentos, los términos usados y el contexto legal refuerzan la sospecha de que estuvo involucrado.
Actualmente, Enrique Peña Nieto reside en España y enfrenta otras investigaciones por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.