Ciudad de México. - A dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 517 denuncias presentadas contra servidores públicos, de las cuales 53 personas han sido vinculadas a proceso.
Durante la conferencia mañanera, la secretaria Raquel Buenrostro presentó un balance de las acciones realizadas desde octubre de 2024 y destacó que las investigaciones también han alcanzado a particulares.
De acuerdo con la presentación, en las denuncias aparecen 1 mil 052 servidores públicos, además de 82 personas físicas y morales.
Buenrostro explicó que, cuando las investigaciones reúnen elementos que podrían constituir delitos, los expedientes son enviados a la Fiscalía General de la República.
Entre los principales delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
“¿Cuáles son los principales delitos que observamos cuando nosotros mandamos la denuncia a la Fiscalía? Enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado”, destacó.
En materia administrativa, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados entre el primero de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026. De ellos, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
En el mismo periodo, Buen Gobierno remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1,737 casos relacionados con servidores públicos; 87 fueron notificados como sancionados y 1 mil 650 permanecen en proceso.
La estrategia también reportó un impacto económico de 83.8 mil millones de pesos protegidos mediante medidas preventivas. De ese monto, 29 mil millones correspondieron a mejoras en compras públicas; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, a multas y sanciones, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia administrativa.
Entre los expedientes recientes que ilustran el tipo de investigaciones se encuentra un caso por 73 millones de pesos en pagos indebidos relacionados con un servicio integral de cultivo de frijol, por el que se presentó una denuncia penal por probable uso ilícito de atribuciones y facultades.
Otro expediente derivó en la vinculación a proceso de cuatro servidores públicos y un particular por contratos presuntamente ilegales por más de 11.1 millones de pesos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
Además, la dependencia ha documentado investigaciones relacionadas con el uso indebido de datos personales con fines de lucro, cuyos expedientes fueron turnados a las autoridades correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
El balance presentado por Buen Gobierno también reportó 83.8 mil millones de pesos protegidos mediante acciones preventivas, con el objetivo de evitar pérdidas al erario antes de que las irregularidades se concreten.