Ciudad de México. - Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en el caso que lo mantiene en prisión en Aguascalientes.
En una carta enviada el 10 de septiembre, el empresario regiomontano acusa a la gobernadora María Teresa Jiménez de abuso de poder y tráfico de influencias.
De acuerdo con el texto, un desacuerdo contractual con el gobierno estatal "se convirtió en una persecución personal encabezada por el gobierno del Estado".
Maiz Domene cuestiona la rapidez con la que la Fiscalía estatal integra carpetas y obtiene órdenes de aprehensión, "justo cuando una persona está a punto de recuperar su libertad".
El empresario aclara que no pide a la Presidenta su liberación. Quiere que autoridades ajenas al gobierno de Aguascalientes revisen las acusaciones. "Le pido que impida que sigan inventándose delitos para evitarla", escribe.
En la carta, escrita a mano en cuatro cuartillas, acusa además a la Fiscalía y al Poder Judicial estatales de actuar en contubernio para impedir su salida.
Nueve meses preso
El empresario permanece en el Cereso Varonil de Aguascalientes desde su detención el 17 de diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas.
Acumula cinco procesos por fraude, peculado, cohecho y amenazas, extorsión agravada y narcomenudeo, de acuerdo con su abogado, Adrián Arellano Regino.
La defensa sostiene que cada vez que Maiz Domene obtenía la libertad en un proceso, la Fiscalía estatal armaba y judicializaba una nueva carpeta en una semana. Esto ocurrió cinco veces entre enero y mayo.
"Incluso le fabricaron delitos de amenazas, de narcotráfico y de extorsión", afirmó Arellano.
El abogado señaló que las carpetas "no rebasan más de 100 hojas" y explicó que los expedientes están suspendidos por amparos. Solo la causa por amenazas mantiene al empresario privado de la libertad.
Para la defensa, el caso se reduce a un incumplimiento de contrato que corresponde a la vía civil, no a la penal.
Fechas que no cuadran
La defensa reunió una serie de presuntas irregularidades en los expedientes. En la causa por extorsión a un custodio, la orden para investigar tiene fecha anterior a la denuncia, y un peritaje se realizó antes de que se ordenara.
Según la defensa, el custodio que denunció a Maiz Domene cumplía ese día un servicio de rondín de 24 horas, por lo que no pudo presentar la denuncia en esa misma fecha, como asegura la Fiscalía.
De acuerdo con el columnista Héctor de Mauleón, la orden de aprehensión por ofrecer dinero y amenazar a dos policías llegó el mismo día en que un amparo sustituía su prisión por medidas en libertad. La orden por entregar droga a otro interno se cumplió la víspera de que se decretara su libertad.
Denuncia ante FGR
El 31 de agosto, la defensa presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra funcionarios de Aguascalientes cercanos a la gobernadora y contra jueces. Los nombres de los denunciados permanecen reservados.
Contrato de 948 millones
La acusación original por fraude deriva del contrato que el Ayuntamiento de Aguascalientes adjudicó a Next Energy por 948 millones de pesos para un parque fotovoltaico.
El esquema incluyó la retención de aportaciones municipales mediante un fideicomiso bancario.
Amparo en Baja California
En un segundo frente, Maiz Domene promovió un amparo contra la jueza de Mexicali que le negó el traslado físico para su audiencia inicial en la causa penal 4921/2022.
La jueza mantuvo la comparecencia por videoconferencia desde Aguascalientes. La defensa reclama que no justificó la negativa ni garantizó comunicación privada entre el imputado y sus abogados.
El Juzgado Cuarto de Distrito fijó el 21 de octubre para la audiencia constitucional.
Caso Bonilla
La causa en Baja California surgió del contrato para una planta solar que abastecería al acueducto Río Colorado-Tijuana, adjudicado a Next Energy el 15 de octubre de 2020 durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
El acuerdo comprometía pagos a 30 años con participaciones federales, a través de un fideicomiso en Banco Afirme. La falta de permisos de la Secretaría de Energía frenó la obra y el estado rescindió el contrato en 2022.
En ese proceso, por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, también están vinculados el exgobernador Bonilla y el directivo de Banco Afirme Nabor Medina Garza.