Ciudad de México.- Ante la reciente restricción al uso de celulares en las escuelas anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una encuesta nacional revela que 81 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con limitar estos dispositivos durante la jornada escolar en primarias y secundarias.
El estudio, realizado por Poligrama, señala que 66 por ciento de los encuestados está “muy de acuerdo” con establecer restricciones, mientras que otro 15 por ciento se declara “algo de acuerdo”.
Sobre cómo debería aplicarse la medida, 38 por ciento considera que los teléfonos no deberían permitirse durante toda la jornada escolar.
En tanto, 32 por ciento avala que puedan utilizarse cuando el docente lo autorice y 22 por ciento plantea permitirlos únicamente durante el recreo.
La opinión también alcanza a otros niveles educativos: 45 por ciento considera que las restricciones deberían extenderse a preparatorias y universidades.
Entre los principales motivos para limitar el uso de estos dispositivos, 58 por ciento señala que los celulares distraen a los estudiantes, mientras que 14 por ciento considera que afectan la convivencia dentro de las escuelas.
Metodología: La encuesta se realizó mediante 1,000 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad el 22 de septiembre de 2026. El ejercicio tiene un margen de error de ±3.10 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.
Padres respaldan restricción de celulares en escuelas, pero reclaman mayor participación
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) respaldó como un primer paso la restricción del uso de celulares en las escuelas, pero reclamó a las autoridades educativas que las familias no fueron escuchadas de manera suficiente durante la elaboración de las nuevas reglas.
La organización señaló que el diagnóstico y la construcción del Acuerdo 09/09/26 se realizaron principalmente con participación del personal docente y mediante foros técnicos, mientras que madres y padres de familia quedaron al margen de la definición del problema y de las soluciones.
La UNPF consideró que esta falta de participación limita la legitimidad social de la medida y puede reducir su eficacia.
La organización reconoció que los dispositivos digitales no representan por sí mismos un avance significativo en la educación y coincidió con la necesidad de regular su utilización dentro de los planteles.