El pasado lunes 4 de octubre Nuevo León comenzó una nueva etapa en su vida pública. No es necesario utilizar mucha tinta para explicar la importancia que tuvo la elección del pasado 6 de junio para nuestro estado: a través de un proceso democrático, una nueva alternancia política se vislumbra y con ella la esperanza de tener una mejor administración pública aparece en buena parte de la sociedad neoleonesa.
El reto que tendrán las nuevas autoridades —estatales y también las municipales— es construir una opción política distinta a lo que se experimenta a nivel federal y a la que se tuvo durante los últimos seis años a nivel estatal. El reto no es menor y, dada la cada vez mayor polarización política que vive la sociedad mexicana, la necesidad de una alternativa distinta es no solo deseable sino urgente.
A diferencia de quienes ven el vaso medio vacío —y guardan casi de manera natural un pesimismo sobre el futuro— tengo para mí que el inicio de una nueva administración abre muchas posibilidades para la mejora del presente y del futuro de nuestra sociedad. Quizás el principal reto para lograr esto es recuperar el espacio público y rescatarlo del secuestro en el que está desde hace mucho tiempo, en todos los sentidos.
Desde una mirada amplia, el espacio público debe entenderse como una agenda social que prioriza la discusión —pública— de aquello que afecta a todas y todos. Así, lo público se define a partir del interés o utilidad común, atañe a lo colectivo y, por ende, se define en contraposición a lo privado. Desde una mirada estrictamente normativa, la corrupción precisamente se definirá como lo opuesto, es decir, como la apropiación privada de lo que es —o debe ser— público. En cualquiera de sus manifestaciones, la corrupción es una conducta contraria a los valores esenciales de la democracia.
No obstante, las fronteras que separan lo público y lo privado, lo individual de lo colectivo, representan quizás el mayor desafío para comprender y asumir una posición en este sentido.
Desafortunadamente, en nuestro estado la corrupción se ha enquistado en muchas prácticas de las instituciones gubernamentales. Como consecuencia de esto, hoy esas instituciones carecen de los medios necesarios para hacer frente a los retos actuales —seguridad, movilidad, desarrollo económico sostenible, salud o educación, por mencionar solo algunos. Además, se debe recordar que las reformas normativas e institucionales que en los últimos años se han diseñado para combatir la corrupción, no han terminado de implementarse con vigor y efectividad. La impunidad ha sido la norma y no la excepción.
Por ello, se debe insistir en que, si se quiere construir una alternativa distinta a lo vivido en el pasado —y a lo ominoso del presente— la nueva clase gobernante debe tener un sentido puntual de la ética pública y defender el interés colectivo por encima de cualquier seducción privada.
Responder por lo que se hace y por el modo en que se hace, y hacerlo público, es una condición indispensable para que la democracia funcione en el largo plazo. Parafraseando a Norberto Bobbio: la democracia es ese régimen en el que se hacen públicos los asuntos públicos.
Los mecanismos de control —vertical y horizontal— deben ser renovados para así evitar los enormes márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad que hoy tienen quienes toman decisiones en buena parte de las áreas de la política pública. Se trata, pues, de fortalecer la democracia a través de la única vía en que esto es posible: mediante la efectiva rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Construir una alternativa viable, eficaz y eficiente en la función pública significa una labor ardua, quizás lenta, difícil, que reclama por igual dosis elevadas de imaginación y paciencia. Pero es el único camino para llevar a nuestro estado a un mejor futuro.
El autor es Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León y Profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. jperezrolon@outlook.com