La evaluación final que hace “Gober, Cómo Vamos” de la administración de Jaime Rodríguez Calderón es reveladora: 81% de las metas, en indicadores clave, fueron incumplidas.
El balance es el corolario de una administración que llegó con grandes expectativas de cambio y finalizó quedándose corta en los temas donde Nuevo León exigía una transformación de fondo.
La mayoría de los avances se dieron en el rubro financiero: de cinco indicadores, el gobierno cumplió con tres metas (la calificación crediticia mejoró, capacidad de pago a corto plazo y calificación de la SHCP) y logró avanzar en sentido positivo en los dos restantes (indicadores sobre deuda).
Además, logró revertir dos de los grandes problemas del estado. Por un lado, retomó el control del sistema penitenciario a partir de reducir la sobrepoblación (que pasó del 114% al 100%), la reducción de incidentes al interior de los penales (de 174 a 75), logrando una mucho mejor evaluación de la CNDH (que pasó de 5.6 a 8).
En segundo lugar, la matrícula escolar en educación media superior aumentó: de 65.7% a 67.8%. Es probable que la pandemia haya impedido que ese avance haya sido mayor pues en el último ciclo escolar (en comparación con el año previo) la matrícula de preparatoria se redujo en 5%.
En contraste, los retrocesos serán difíciles de revertir en el corto plazo. En materia de seguridad, el gobierno cierra con un incremento de 11% en la tasa de delitos denunciados en comparación con la administración anterior. Particularmente grave es el aumento en la tasa de homicidios, que pasó de 5.7 a 12.6, así como la tendencia al alza de denuncia de violencia familiar (220 denuncias por cada 100,000 habitantes a 253).
La pandemia contribuyó a provocar una caída en el ingreso de la población que trajo como resultado un aumento en la población en situación de pobreza (de 20.4 a 24.3%) y porcentaje de personas en pobreza extrema (1.3 a 2.1%).
Dentro de los retos no resueltos, quizá el más emblemático es el del transporte público. Fue promesa central en la campaña y ha sido una preocupación creciente en la población. Los indicadores presentan retrocesos importantes. En primer lugar, el número de unidades de transporte se redujo al menos en 31% (pasó de 5,304 a 3,615).
Además, cada vez menos proporción de viajes se realizan en transporte público: pasamos de 38% (en el último registro disponible, 2012) a 20%. Los tiempos de traslado aumentaron (de 55 a 68 minutos) y la evaluación de los usuarios empeoró (de 7.3 a 6.5).
Los resultados nos permiten entender mejor la situación en la que Samuel García recibe al gobierno. Tendrá el reto de mejorar las tendencias adversas en seguridad, revertir los rezagos que provocó la pandemia (particularmente en el poder adquisitivo y en la educación) y resolver la crisis del transporte, que en realidad es una crisis del modelo de desarrollo de Nuevo León y su área metropolitana.
Pero igual de importante es la lección que deja el Bronco sobre la pérdida de confianza entre el gobernador y la ciudadanía: en tan solo tres años (de 2017 a 2019) sus niveles de aprobación cayeron a 14.6 por ciento. Su intención de ganar la presidencia provocó que para 42% de la población, empeorara la imagen que tenía de él. Sin la confianza ciudadana se pierde la capacidad de maniobra que tiene un gobernante para hacer las transformaciones que el estado requiere. Y los resultados están a la vista: un gobierno que resultó una promesa incumplida.
Los datos de los indicadores provienen de cifras oficiales. En el caso de seguridad, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública; en las de desarrollo social del Coneval, los datos de transporte son del PIMUS y los datos de percepción de la Encuesta “Así Vamos”.
El autor es Director en “Cómo Vamos, Nuevo León”