El pasado 24 de octubre nuestro estado fue testigo de un evento democrático relevante y promisorio: la firma del Acuerdo por la Seguridad, Nuevo León 2021-2027.
Se trata de un documento —elaborado y propuesto por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública— que es resultado de una serie de foros realizados entre julio y septiembre de este año con diversos sectores sociales.
El Acuerdo establece ocho ejes temáticos en los que se deberán basar las políticas públicas de prevención, seguridad y justicia de los próximos seis años, y que complementan las metas trazadas en el Plan Estratégico 2030.
1) Coordinación metropolitana para la seguridad ciudadana.
2) Inteligencia social para la prevención de la violencia y la delincuencia.
3) Atención integral a víctimas y victimarios.
4) Reducción de la violencia familiar, bajo una visión sistémica.
5) Combate y disminución de la incidencia delictiva.
6) Medición efectiva de la dinámica de criminalidad.
7) Desarrollo y consolidación de un servicio profesional de carrera en las áreas de prevención, seguridad y justicia.
8) Fortalecimiento de las capacidades del sistema penitenciario para la efectiva reinserción social.
Estos ejes se deberán materializar a partir de las siguientes líneas de acción:
a) Combate a las redes de corrupción dentro de las instituciones de seguridad.
b) Operación de un sistema integral de indicadores estadísticos de medición de la criminalidad, a través de acciones de ejecución conjunta, que aseguren la institucionalización de la coordinación.
c) Consolidación del Sistema Metropolitano de Justicia Cívica.
d) Establecimiento de una política pública transversal de prevención social, que contribuya a la reducción de los factores de riesgo que favorecen conductas violentas y delictivas.
e) Impulso a cambios en el marco jurídico vigente que permitan la aplicación de la justicia con perspectiva de género, y siempre bajo un enfoque de derechos humanos.
El desafío es indiscutible e inaplazable. La sociedad exige, con razón, que sus autoridades asuman compromisos puntuales para construir instituciones de seguridad y justicia sólidas, eficaces y eficientes, así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y hacer frente a la violencia en todas sus expresiones.
El compromiso parte de la premisa según la cual, en materia de seguridad y justicia, la confianza entre ciudadanos y gobierno es esencial para consolidar un auténtico Estado de Derecho, y establecer las condiciones mínimas que permitan regresar la paz a nuestras comunidades.
Esta confianza debe ser lo suficientemente fuerte para reconocer cuando las acciones y programas gubernamentales otorgan resultados positivos, pero también para ser autocríticos cuando las estrategias son limitadas, y a veces hasta contradictorias, y se exigen alternativas para corregir el rumbo que pueda restablecer el orden, la justicia y la paz social.
El Acuerdo encuentra su fortaleza en la pluralidad de sectores, agendas y talentos, y traza el camino hacia un mejor mañana, a través del poder de la corresponsabilidad y la colaboración ciudadana, y contemplando siempre a la seguridad desde lo local.
Hoy más que nunca debemos hacer realidad la aspiración de que Nuevo León es la casa de todos, y que esto implica delinear políticas de prevención, seguridad y justicia en coordinación y colaboración, y bajo una visión sistémica, para contribuir al establecimiento de una sociedad segura, pacífica y en pleno goce de sus derechos.
El autor es Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León y Profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. jperezrolon@outlook.com