El contexto en esos momentos era de una administración federal descalificada por repetidos escándalos de corrupción, y un hartazgo de los ciudadanos con la impunidad, en especial cuando de corrupción se trataba.
La iniciativa fue impulsada en todo México por organizaciones civiles, académicas y empresariales unidas en un mismo frente, y con un sólo objetivo: cambiar las instituciones públicas, con una nueva visión del combate a la corrupción.
Posterior a esta reforma federal, se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017, y los estados de la República, obligados por Ley, tuvieron que legislar e instalar sistemas estatales anticorrupción.
En Nuevo León, se articuló una Coalición Anticorrupción, coordinada por el Consejo Cívico, en la que participaron diversas organizaciones como Caintra, Coparmex, Canaco, Vertebra, el Tec de Monterrey, la Udem, la UMM, Ciudadanos contra la Corrupción, la Federación de Colegios Profesionales, e individuos a título personal como la Dra. Margarita Ríos-Fajat.
Después de foros de consulta a expertos y ciudadanos organizados por la Coalición, se presentaron iniciativas ciudadanas de reforma a la Constitución, y de creación de nuevas leyes, entre las cuales una reforma integral a la Ley que crea una Fiscalía independiente de justicia en nuestro estado.
Desafortunadamente, el entusiasmo ciudadano de los primeros momentos fue menguando rápidamente. Cuando empezaron a realizarse los procesos de selección, primero para cargos ciudadanos en el sistema anticorrupción, y luego para los cargos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, Fiscal en Delitos Electorales, y Magistrado de la Sala especializada en Faltas Administrativas, fue notoria la mano negra de los partidos políticos.
Las intenciones ciudadanas de promover instituciones independientes, que se coordinen para combatir la corrupción, han quedado como letra muerta. Cuatro años después de la reforma constitucional que creó el sistema anticorrupción de nuestro estado, varios de sus órganos ciudadanos están inexistentes, lo que ha provocado en cadena, la inhabilitación de procesos clave como la elaboración de una política estatal anticorrupción.
Estamos ante un nuevo escenario político en Nuevo León, con un gobernador y un alcalde de la capital que han señalado una y otra vez corrupción en las administraciones anteriores. Al gobierno estatal, y al municipal, les toca investigar y sustentar estas denuncias a fondo, para constituir buenos expedientes con pruebas sólidas, y presentar las denuncias correspondientes en la Fiscalía Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado. Ellas, a su vez, deberán darle un seguimiento estrecho a estos casos para determinar si efectivamente proceden las denuncias.
Al Poder Judicial, finalmente, le tocará sancionar o no a estos casos.
Lo anterior evidencia que si bien existe un hartazgo ciudadano con respecto a la corrupción rampante que prevalece en todos los niveles de gobierno, la tarea de combatirla exige: profesionalismo y expertise de los encargados de investigar y sustanciar casos; presentar denuncias; jueces capacitados para atender estos casos de corrupción, y finalmente, lo más importante VOLUNTAD POLÍTICA e integridad pública para que realmente se lleguen a sancionar estos casos.
Los ojos de la ciudadanía están puestos en nuestras autoridades. Los diputados ¿realizarán nombramientos de los mejores perfiles a estos órganos ciudadanos vacantes? Las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción, ¿realizarán un trabajo a la altura del reto?
La ciudadanía está harta de tanto cinismo de los políticos, que sólo prometen sin cumplir. Los próximos tres años son una buena oportunidad de cambiar las cosas.
La autora es Directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León