En la administración pública, la planeación es un proceso indispensable no sólo para ordenar racional y sistemáticamente las actividades de las distintas instituciones que conforman un gobierno, sino también para asegurar que se alcancen los objetivos que persiguen las políticas públicas en las distintas materias.
Además de ser un proceso inherente a la función pública, la planeación es un mandato constitucional. El Estado mexicano, según el Artículo 26, debe organizar un sistema de planeación para el desarrollo. La propia norma federal señala que la planeación debe ser democrática y deliberativa. Es aquí donde se debe ser especialmente puntual.
A principios de diciembre, Nuevo León inició el proceso de diseño y consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Es una oportunidad histórica e inmejorable para hacer realidad la aspiración de la planeación democrática —contenida también en la legislación local. Una planeación en donde quepan las voces de todas y todos, donde se plasme la pluralidad de sectores, agendas e ideas que son la fortaleza misma de la sociedad nuevoleonesa. Una planeación que identifique y acelere diagnósticos puntuales sobre los principales retos que enfrenta el estado y, a la vez, proponga las vías para encontrarles soluciones.
Esto puede darse de mejor manera si la participación ciudadana activa se da de forma permanentemente en este proceso, y además se institucionaliza a través de mecanismos formales, y que trasciendan a momentos políticos.
Desde luego, en Nuevo León la idea misma de la planeación estratégica encuentra ya un avance sustantivo en la misión, visión y actividades del Consejo Nuevo León —órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo.
Así, la mirada sobre los diagnósticos, objetivos y metas que contenga el documento que se comenzará a redactar, será más nítida si se toman en cuenta los trazos ya elaborados por esta institución transexenal.
La aspiración de tener un gobierno abierto y eficaz; finanzas públicas sanas; un desarrollo económico sostenido y sustentable; la seguridad y la paz que reclaman millones de ciudadanos; infraestructura de calidad, y desarrollo e inclusión de todas las personas, podrá convertirse en realidad si y sólo si la planeación y los diagnósticos se realizan bajo una lógica de amplia participación ciudadana activa.
Establecer criterios para la elaboración de indicadores cuantificables, con el propósito de medir y evaluar el progreso en los objetivos y metas que trace el Plan Estatal, deberá ser una tarea que incluya la participación de los distintos sectores sociales. Es éste, quizás el primer gran reto de la presente administración: diseñar y comunicar estratégicamente dónde estamos, adónde nos queremos dirigir y cómo lo haremos, favoreciendo siempre el diálogo en dos vías.
La actual crisis de salud, y los retos financieros y sociales que de ella se desprenden, han provocado que buena parte de las instituciones públicas deban modificar sus esquemas de planeación. La oportunidad que este momento histórico implica debe ser aprovechada para determinar objetivos reales y asequibles, y formular políticas, procedimientos y métodos precisos para lograrlos.
Recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan, y a los programas sectoriales que se deriven de éste, es una tarea indispensable para construir un nuevo Nuevo León. Las autoridades tienen la palabra.
El autor es Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León y Profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey jperezrolon@outlook.com