Este diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la mitad de su administración con grandes pendientes en su promesa de pacificar el país. Pese a lo postulado en su Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el mandatario enfrenta hoy el duro revés de los datos oficiales, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus primeros 35 meses de gobierno, la cifra de homicidios dolosos fue el doble de lo registrado en el periodo equivalente de Enrique Peña Nieto.
Es decir, de diciembre de 2018, cuando tomó protesta a octubre de 2021, nuestro país registró 100,242 homicidios dolosos, lo que representa un crecimiento del 103.18% a los 49,335 contabilizados de diciembre de 2012 a octubre de 2015 de la administración de su antecesor. Para el especialista en seguridad Daniel García, el agravamiento de la violencia representa una consecuencia de la política de “abrazos y no balazos” que ha impulsado el mandatario, pues “al final del camino vemos que los resultados no son los que se esperaban y los que prometió”.
El alza en los homicidios dolosos se vive desde diferentes ángulos, pues además de la falta de seguridad para las familias en México, a nivel internacional, advirtió el director en Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, la percepción que se tiene del país no es positiva, pues tanto Estados Unidos como Canadá han activado alertas de viaje para sus ciudadanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del Inegi, el costo por la inseguridad en 2020 alcanzó los $277,000 millones de pesos, que equivalen a $7,155 pesos por cada una de las 21.2 millones de víctimas. Dicho reporte colocó al robo y la extorsión como los delitos que más golpearon a la ciudadanía.
La incidencia delictiva se da pese a que López Obrador cuenta desde 2019 con la Guardia Nacional, una corporación prevista por el mandatario como parte de su estrategia de seguridad, que hasta el 22 de noviembre tenía casi 100,000 elementos, de los cuales 89,951 estaban desplegados, mientras los otros 9,995 cumplían con actividades de apoyo. García, apuntó que para frenar la incidencia delictiva, el gobierno federal debería apostar a una estrategia de mediano y largo plazo; a incentivar la economía de las empresas para la generación de empleos que permitan a los ciudadanos acceso a ingresos y los aleje del reclutamiento del crimen organizado; además, planteó la necesidad de que la UIF congele las cuentas al crimen organizado, entre otras recomendaciones.
Otro tema que se ha impulsado sin éxito final es el cambiar la visión del combate a las drogas, pues el tema de la regulación lúdica de la mariguana está ‘atorado’ en el Senado de la República, que actualmente encabeza Olga Sánchez Cordero, extitular de la Secretaría de Gobernación en la actual administración.
Corrupción, un mal enraizado Parte prioritaria de la estrategia federal de seguridad es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, terreno en el que México mostró en 2020 una mejoría ya que se ubicó en la posición 124 del ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) que publica Transparencia Internacional respecto a 180 naciones. Sin embargo, nuestro país sigue siendo el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El mandatario federal ha sido fuerte impulsor del combate a la corrupción y los excesos que solían evidenciarse en sexenios previos, pero también llega a la mitad de su administración con acusaciones de apuntar su lucha contra adversarios y justificar como contribuciones al movimiento, los recursos que entregaba un exfuncionario a su hermano Pio Obrador, además, de registrar bajas importantes en su equipo con la salida de Santiago Nieto, de la UIF, tras verse envuelto en un escándalo por su boda en Guatemala.
Pese a todo, el mandatario muestra niveles de aprobación superiores al 60% en las encuestas nacionales, enfilado a una posible revocación de mandato, que de contar con las firmas necesarias en las 17 entidades mínimas requeridas, podría invitar a los mexicanos a ratificar su permanencia en el cargo para lo que queda en el sexenio. De lograrlo sería una alta dosis de legitimidad a su administración.