El proceso de transición de la administración pública estatal va acercándose poco a poco a su fase más dinámica. Dentro de un par de semanas, el gobernador electo asumirá de manera plena sus funciones constitucionales y con ello inaugurará una nueva alternancia en el gobierno local. Después de un intenso proceso electoral —no exento de mezquindades, demagogia, calumnias y oportunismos de algunos actores—, Nuevo León comenzará una nueva etapa en su vida pública.
Muchas son las esperanzas que se han puesto en la nueva administración y no pocos son los retos que el nuevo gobierno enfrentará a partir del 4 de octubre. Esbozo aquí apenas cuatro:
1. Seguridad y justicia, donde el aumento sostenido en los homicidios y la violencia familiar son quizás los problemas más visibles y preocupantes.
2. Combate a la corrupción, cuyo origen se sigue encontrando en las redes de complicidad y la impunidad que prevalece al más alto nivel político.
3. Recuperación y activación económica, un reto mayúsculo que ha dejado la actual contingencia sanitaria y que presiona aún más las de por sí débiles finanzas públicas.
4. Desarrollo urbano, movilidad y transporte, bajo un enfoque de sustentabilidad: el reto de garantizar el acceso a oportunidades para todas y todos con servicios públicos e infraestructura de calidad, en un medio ambiente limpio que garantice una mayor calidad de vida a los ciudadanos.
La tarea histórica que tiene frente a sí el nuevo gobierno estatal es enorme. No obstante, entusiasma analizar la mayoría de los perfiles que se han venido revelando en estas semanas sobre los próximos funcionarios estatales. En ellos encontramos destacados miembros de la sociedad civil organizada, de las universidades y centros de educación superior, de la iniciativa privada y de algunos colectivos culturales.
Si bien la frescura de una nueva clase política, la capacidad y probidad de los funcionarios propuestos y el puntual diseño de políticas públicas son elementos altamente deseables, no son suficientes para garantizar un gobierno legítimo, eficaz y eficiente.
Es indispensable que la nueva administración garantice otro componente: la activación de la participación ciudadana en todas las decisiones públicas, a través de lo que suele denominarse Gobierno Abierto.
Para efectos prácticos, “gobierno abierto” debe entenderse como un nuevo modelo de gobernar que utiliza de manera frecuente herramientas tecnológicas para recuperar la relación gobierno-ciudadanos e incluirlos de manera activa en la toma de decisiones.
Así, el gobierno abierto surge como una solución para recuperar la confianza y para atender las demandas ciudadanas, cada vez más crecientes y diversas. Bajo esta óptica, se sitúa al ciudadano como pieza fundamental en el desarrollo de esquemas que permiten una gestión dinámica y de calidad, orientados a la creación de valor público e innovaciones constantes.
En Nuevo León estamos frente a una oportunidad histórica: retomar a nivel local el enfoque de gobierno abierto —tan desdeñado por el actual régimen federal, dicho sea de paso—, convirtiendo los principios en prácticas y estableciendo un plan de acción estatal que baje coordinadamente a los municipios.
Todo ello a través de una conversación permanente con los ciudadanos, que se erija como un mecanismo clave para restaurar la confianza en las instituciones públicas, mejorar la prestación de servicios públicos y comunicar todo lo que el gobierno decide y hace de forma abierta y transparente. El reto es enorme. Ojalá nuestras próximas autoridades estén a la altura.
El autor es secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León y académico, jperezrolon@outlook.com