En tiempos políticos tan cambiantes, conviene recordar que los gobiernos no son, ni serán nunca, una panacea para nuestros problemas de fondo.
Tanto ciudadanos como empresas demandan en Nuevo León proyectos de largo plazo, que además ofrezcan un desarrollo y progreso más justos para todos. Pero estos proyectos deben ir más allá de las personas y tiempos de una administración.
Todos los diagnósticos coinciden, más o menos, en que todavía tenemos grandes desafíos para lograr una mayor igualdad de oportunidades, empleos mejor pagados, servicios públicos más eficientes y, por supuesto, resultados más claros contra la rampante inseguridad.
Para ello se requiere un trabajo consistente y firme del gobierno, claro, pero sin manipulaciones ni depender de los ánimos y estilos del gobernante en turno, o bien de los caprichosos tiempos políticos.
Actualmente, se discuten en el Congreso federal nuevas leyes que podrían hacer obligatoria la contratación de Personas con Discapacidad (PcD) en el sector privado.
Muchas compañías, especialmente las grandes, ya tienen avances en esta área, como es el caso de las regias Cemex, FEMSA o Xignux.
Los legisladores hablan incluso de imponer multas a aquellas que no cumplan con un porcentaje determinado de PcD en sus plantillas.
Lo que hace falta, en todo caso, es que se hable también de las obligaciones que deberán observar los distintos gobiernos para cumplir con estas cuotas.
Eso, sin embargo, parece interesar poco a los legisladores, e incluso algunos argumentan que será difícil hacerlo obligatorio porque entre autoridades no se pueden multar.
No hay vuelta atrás en materia de lo que hoy se conoce como sostenibilidad, que es el desarrollo de actividades con respeto al medio ambiente, la búsqueda de inclusión y de un desarrollo más justo que brinde oportunidades a todas y todos.
Todas las empresas, no sólo las grandes, están llamadas a seguir criterios de sostenibilidad para que el impacto de sus actividades sea más amigable con el entorno, y para que sus parámetros de éxito no sean solo la alta rentabilidad y la creación de empleos per sé.
La agenda sostenible cobra fuerza en medio de la actual racha de inversiones que hoy Nuevo León está captando gracias al llamado nearshoring.
Este fenómeno global, que algunos califican de histórico, es favorecido por las muchas compañías internacionales que eligen nuestro estado para instalarse aquí y conformar plantas o expandir las que ya tienen con miras a atender mucho más de cerca el gran mercado estadounidense.
Pero de nada serviría que estas inversiones se concentren solamente en favorecer a los capitales extranjeros y al mercado exterior.
¿Qué nos va a quedar a los regios y a los mexicanos?, ¿sólo empleos?, ¿y qué tan bien pagados?
Es importante que lleguen muchas inversiones, pero también que ofrezcan beneficios multiplicadores para Nuevo León y sus habitantes.
México es una gran nación exportadora, pero el producto que más vende al exterior son los automóviles y, aunque los fabricamos aquí, corresponden a marcas, diseños e ingeniería extranjeros.
Nosotros los maquilamos, pero las ganancias importantes de esas ventas se van a los países de origen de las distintas marcas.
Así que cuando nos hablan de que están llegando muchas inversiones, hay que ver que se dé preferencia a proyectos que aporten valor agregado y beneficios locales.
Exijamos que nuestras autoridades hagan bien su trabajo de decantar las inversiones para que aquí llegue sólo lo mejor de lo mejor. Eso sí, sin depender demasiado de lo que ellas hagan, porque ya sabemos que las administraciones expiran y que los intereses políticos suelen sobreponerse a los de la colectividad.