Además de abasto energético, terrenos para instalarse y agua, las empresas que llegan a Nuevo León como parte del nearshoring requieren también buenos profesionistas de la correduría pública.
Así lo plantea Diana Graciela Rodríguez Treviño, presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de Nuevo León, quien explica que entre las funciones de los miembros del gremio está asesorar a las empresas que vienen a establecerse.
“Asesoramos en la constitución de la empresa y en la protocolización o formalización de las actas de asamblea, donde se puedan poner de acuerdo los socios, ya sea para cambiar de integrantes, aumentar capital, realizar nuevos negocios o ampliar sus objetos sociales”, explica.
En esa labor, los corredores enfrentan una mayor presión debido a la llegada de compañías extranjeras producto de la relocalización de cadenas de distribución, que corresponde al fenómeno del nearshoring.
Regulaciones como la Ley Antilavado y las propias leyes del país de origen de la compañía inversionista, les exigen claridad e información, dice.
“La dificultad para empresas empieza con la nacionalidad de las mismas, por ejemplo con firmas chinas y coreanas, por el tema del idioma y el entendimiento de las regulaciones locales para operar legalmente en territorio nacional”, amplía Rodríguez Treviño.
Según la corredora pública número 16 de Nuevo León, este reto ha llevado al sector a incrementar sus capacitaciones a compañías extranjeras.
La ley para prevenir operaciones de procedencia Ilícita y el Código Fiscal dieron pie a la figura del “beneficiario Controlador”, para vigilar que no existiera el lavado de dinero, explica Rodríguez Treviño.
“Como fedatarios públicos, tenemos que identificar quién es el beneficiario controlador en cada empresa que se presenta con nosotros”, dice.
“Hay que dar con quién es el presidente del consejo de una empresa y hacer una liga de todos los socios, inclusive saber si están casados y los nombres de sus esposas, porque a eso nos obliga el Código Fiscal”, añade.
“La búsqueda de esa información está siendo bastante complicada al momento de cumplir con las disposiciones de índole fiscal”, expresa.
Ante los retrasos que puede implicar el cumplimiento de las leyes antilavado, en algunos casos los corredores públicos se ven obligados a ofrecer salidas más veloces como constituir una versión mexicana de la sociedad extranjera que llega al estado.
Según datos estatales, son 176 los proyectos de inversión extranjera anunciados en los primeros dos años del actual gobierno.
¿Corredores o notarios?
En la tarea de dar fe pública a los actos de las personas morales, los corredores comparten parte del ‘camino’ con los notarios públicos, lo que ha dado pie a señalamientos de desplazamiento profesional. Sin embargo, los líderes de los colegios que agrupan a ambos tipos de profesionistas en Nuevo León descartan este problema localmente.
La líder de los corredores públicos en Nuevo León reconoce que existe una coincidencia en ese sector con el trabajo de los notarios, aunque ello no implica una enemistad.
En tanto, el líder local de los notarios, Norberto de la Rosa Buenrostro, asegura que el área de acción de este sector tiene que ver más con un carácter civil, territorial y como hacedor de documentos de larga duración de existencia.
De esta forma, el punto de discusión entre los dos sectores se direcciona a “las compraventas y arrendamientos con carácter mercantil, y los poderes entre comerciantes”, dice De la Rosa, quien inició el mes pasado funciones como presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León.
Rodríguez Treviño agrega que entre los corredores y los notarios hay “una línea divisoria a veces tenue en algunos actos civiles o mercantiles”.
Pero a veces, asegura, “hacemos actos iguales o complementarios”.