En los últimos cincuenta años, México ha tenido dos modelos de Estado, uno donde prevaleció la figura de Estado Interventor y otro donde predomina el Estado Regulador. El primer modelo impulsó el mercado interno con el abuso del gasto público; en el segundo se privilegia al sector externo a costa del mercado interno.
Ahora se requiere de un Estado Promotor (mediante el artículo 25 constitucional) que ejecute políticas coherentes públicas duraderas (educativas, tecnológicas, de infraestructura, jurídicas (para brindar seguridad física, fiscal y social), que a través de la plena aplicación del Estado económico de derecho y el Estado social de derecho pueda asegurar un crecimiento integral a través de un desarrollo territorial mediante políticas de productividad y competitividad industrial.
Con ello se asegura un desarrollo humano con crecimiento del mercado interno a través de la especialización industrial, resultado de la ventaja comparativa dinámica, donde no solamente se privilegiaría a la empresa maquiladora de exportación (como sucede actualmente).
Veríamos un especial énfasis en el desarrollo de cadenas productivas dirigidas, principalmente hacia cuatro grandes sectores donde podríamos generar un nuevo patrón de especialización productiva nacional: electrónico, aeroespacial, metalmecánico y automotriz, cuyo sector estratégico sería la industria del valor agregado tecnológico del litio.
Para consolidar este modelo de desarrollo industrial se requieren políticas de coherencia pública duraderas, por lo que es necesario antes diseñar un proyecto de nación de largo plazo.
En este proyecto la prioridad debe ser el mercado interno, para generar condiciones de productividad, competitividad y cohesión social. El nuevo proyecto de nación debe necesariamente proponer un Estado promotor que, a través de la competitividad sistémica, genere una redistribución de la riqueza mejorando con ello el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Ante la nueva realidad que tendremos a partir del 2030, se precisa que el Estado debe ser el rector del desarrollo territorial equitativo y no la empresa la impulsora del crecimiento económico.
Ahora más que nunca es importante discutir el proyecto de nación que queremos a largo plazo, por lo que deben presentarse propuestas viables para su discusión, siendo una de éstas la política de competitividad sistémica para el desarrollo.
La principal meta económica de México no debe ser en sí el crecimiento empresarial, sino mejorar el nivel de vida de sus habitantes a través de un desarrollo equilibrado. Por ende, México requiere impulsar políticas de coherencia y cohesión para que, con objetivos políticos e instrumentos aplicados, se apuntale una política de competitividad sistémica que en 2030 consolide un desarrollo sostenible.
A partir del año 2030, México tendrá una nueva realidad socioeconómica, por lo que antes es necesario diseñar un proyecto de nación a largo plazo donde la prioridad sea el mercado interno para generar condiciones de productividad y competitividad y se genere una redistribución de la riqueza, mejorando con ello el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Para ello, es preciso que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sectorial tengan como objetivo el desarrollo territorial.
Este debe ser resultado de la coherencia de la inversión pública en infraestructura básica, que incluye puertos, tendido férreo, carreteras, aeropuertos, inversión tecnológica, ciencia, investigación, desarrollo e innovación.
También deben contemplarse las inversiones en infraestructura social, por ejemplo las de educación, salud, cultura y trabajo).
Todo esto debe atraer inversión privada nacional e internacional que redunde en la inversión empresarial en empleo, equipo y maquinaria, gestión y transferencia tecnológica y logística comercial, entre otros, con lo cual aumentaría la renta del país.
Ahora más que nunca es importante discutir el proyecto de nación que queremos a largo plazo. Ante ello, el Laboratorio de Análisis en Comercio de la UNAM propone el modelo de Industrialización Orientada al Desarrollo Sostenible (IODs).
Esta nueva política debe impulsar la competitividad y el desarrollo de una industria fortalecida con medidas fiscales, monetarias, científicas, educativas, laborales y de comercio exterior.
Así, podremos consolidar una estrategia industrial que fortalezca el crecimiento endógeno.
Para ello es preciso impulsar la coherencia de políticas para el desarrollo, considerando la competitividad sistémica para que haya consistencia entre el plan de gobierno y los programas e instrumentos (nivel meta), por lo cual se debe contemplar los tres niveles de coherencia, que son: 1) horizontal, que adopta una perspectiva integral de la gobernabilidad (nivel meso); 2) vertical, asegurando la correspondencia entre los objetivos que persiguen los empresarios y las acciones públicas (nivel micro), y 3) temporal, que examina las políticas serán consistentes con las medidas que se tomen a lo largo del tiempo.
Con ello se lograría que las políticas públicas sean más complementarias y menos contradictorias, evitando duplicaciones, interferencias y contradicciones en las acciones de gobierno consolidando así los objetivos de una política de competitividad sistémica para el desarrollo.
En este sentido, México requiere de una revolución estructural, cuyo principal objetivo sea consolidar un desarrollo territorial equilibrado, inclusivo y equitativo con cohesión e inclusión social.