Es sorprendente que sigamos creyendo que el fenómeno del nearshoring es un regalo que va a caer sobre nuestro regazo, gratuitamente. Para mí, es todo lo contrario. Los inversionistas no están ciegos. Es indispensable que nuestro país ofrezca, por lo menos, un grado aceptable de certeza a la inversión.
Los factores “cancerígenos” los conocemos bien: Una política energética que de facto se traduce en interrupciones de suministro y hasta apagones generalizados (y para colmo, ahora se oculta la información sobre estados de emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional que publicaba el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, so pretexto de Seguridad Nacional).
Otro es la inseguridad rampante y normalizada que no solamente redunda en contenedores robados y vagones saqueados cotidianamente, sino que amenaza la propia integridad física de empleados y familias de emprendedores.
Agréguele el disparate de destruir de tajo al poder judicial, para sustituirlo por “jueces” nombrados improvisadamente por “voto popular”. Seamos sinceros, independientemente de la retórica rebuscada que rodea a la justificación de esta vendetta, el mensaje que esto manda es muy simple: la consecuencia inmediata de la instauración de este corifeo decorativo va a ser una erosión del Estado de Derecho, la desaparición de un modelo republicano de pesos y contrapesos, y la probable formalización de la rectoría del narco en nuestro Estado, todo lo cual desemboca en la abolición del principio de certeza jurídica, que en términos prácticos conlleva incertidumbre en el cumplimiento y ejecución de contratos.
¿Quiere usted añadirle un factor más? Pensemos en la ciberseguridad. No es sólo que no tengamos un marco normativo mínimo, ni una agencia que pueda articular y coordinar a las dependencias gubernamentales relevantes. No tenemos, siquiera, un plan de ciberseguridad. Mucho menos una política pública o un esquema de gobernanza. Qué decir de protocolos adecuados de respuesta a incidentes. Nuestras infraestructuras críticas están desnudas frente a los grupos ciberdelincuenciales, sean estos privados, o bien naciones-Estado. Esas infraestructuras críticas sí que constituyen activos de seguridad nacional (a diferencia de la información sobre el presupuesto de trenes turísticos).
Este año hemos observado diversos intentos de legislación sobre ciberseguridad. Desafortunadamente, ninguna de las iniciativas se convirtió en ley. Esperamos que la siguiente legislatura pueda concretar este objetivo vital para México. Si se lleva a cabo una consulta en la que se escuche genuinamente y tome en cuenta a los actores involucrados, se podrá arribar a una ley balanceada, moderna e incluyente, en consonancia con los tratados internacionales y el derecho comparado.
México ha adquirido diversos compromisos en esta materia, a través de los tratados internacionales que ha celebrado. Algunos de los principales que establece el T-MEC son:
1. La adopción de un enfoque basado en riesgos, es decir que, debido a la naturaleza vertiginosamente cambiante del ciberespacio, es más recomendable legislar y regular con base en principios y directrices generales, en contraste con un enfoque casuístico.
2. Libre flujo de datos.
3. Abstención de exigir la localización de servidores en territorio nacional.
Será importante que nuestra ley de ciberseguridad tome en cuenta que el elemento más importante de la ecuación es proteger la víctima del ciberdelito. Que la prioridad es la resiliencia, la continuidad de las operaciones y el resguardo de infraestructuras esenciales, en beneficio de la ciudadanía y el ecosistema de usuarios.
Por ello, es necesario no revictimizar a quienes han sufrido un ataque. Claro, es necesario que las personas o entidades afectadas informen a la autoridad y la comunidad sobre la vulneración de que fueron objeto, pues ello permite aprender sobre riesgos, amenazas, modus operandi y vulnerabilidades. Sin embargo, si se quiere que las víctimas tengan incentivos para compartir esta información, debe tenerse cuidado en que la divulgación no resulte en persecuciones o sanciones desproporcionadas.
En fin, los siguientes meses serán definitorios para tratar de atraer (o por lo menos, no ahuyentar) inversión de nearshoring. No la tenemos fácil. Para Donald Trump y su sabueso Robert Lighthizer, el nearshoring significa relocalizar empresas en Estados Unidos, no en la región del T-MEC. Aquellos inversionistas a los que no logremos convencer sobre nuestra estabilidad, seguridad, probidad y ecuanimidad como país, preferirán reubicarse en otras latitudes del continente que consideren más predecibles y menos riesgosas.