En meses pasados, manifestantes y ejidatarios bloquearon el Arco Norte de la CDMX en el Km. 182 y la Autopista México-Puebla en el Km 74. El bloqueo se extendió por 72 horas aproximadamente, o tres días consecutivos, y los ejidatarios alegaban que las autoridades no terminaron de pagarles el derecho de vía que cedieron al Arco Norte.
Lo que parece una demanda justa, se demerita al protestar mediante el bloqueo u obstrucción de una autopista, ya que genera pérdidas económicas en el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional.
En 2021 hubo también un bloqueo de una vía férrea en Michoacán por aproximadamente 10 días, que generó pérdidas catastróficas a la economía del país por la interrupción del transporte ferroviario de bienes y mercancías.
En el caso del Arco Norte y la México-Puebla, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) estimó una cifra de 131,000 millones de pesos de pérdidas por estos bloqueos y alrededor de 10,000 toneladas de mercancías perecederas pérdidas.
Sin embargo, considerando otros efectos directos e indirectos como costos operativos del transporte más altos, mayores distancias y el efecto mercancía-tiempo por la reconfiguración de los traslados en la Red Federal Carretera y la Red Federal Concesionada, las pérdidas de los bloqueos podrían ascender a 250,000 millones de pesos.
Ante tal impacto económico y social causado por la obstrucción del tránsito urbano, inter-urbano y de largo itinerario en el Arco Norte y en la Autopista México-Puebla, cabe preguntarse si nuestro orden constitucional y jurídico imponen alguna sanción por protestar mediante el bloqueo u obstrucción de carreteras.
Para empezar, nuestra Carta Magna establece en su Artículo 6 que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
Asimismo, el Artículo 9 de nuestra Constitución afirma que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas.
De manera contundente, el Artículo 11 de nuestro ordenamiento constitucional mandata que toda persona tiene derecho de viajar por el territorio del país en libre tránsito y el Artículo 14 dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus derechos, sino mediante juicio ante tribunales.
Más aún, el Artículo 167 de nuestro Código Penal establece una pena de uno a cinco años de prisión y de 100 a 10,000 días multa al que, para detener los vehículos en un camino público, ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado.
También, el Artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, hasta $54,285 pesos por manifestante.
Se entiende que la protesta es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Sin embargo, la legalidad de un bloqueo carretero debe regularse en términos de los derechos de terceros afectados.
En la mayoría de los países, las leyes establecen que obstruir una vía pública sin autorización constituye un delito, y el marco jurídico de los Estados Unidos de América, que es nuestro principal socio comercial, no es la excepción.
El artículo 21 de la Constitución Norteamericana garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero no explícitamente a la interrupción del tráfico y su Primera Enmienda dicta que el Congreso no aprobará ninguna ley que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente.
México cuenta con sólidos instrumentos jurídicos para sancionar los bloqueos y hacer uso de la fuerza pública para establecer el orden constitucional, pero se ha privilegiado la política sobre el Estado de Derecho y, por ende, se ha fallado en mantener protegidas las carreteras, autopistas y vías férreas de las manifestaciones y bloqueos, comprometiendo así el desarrollo de México.
La plataforma logística del país no puede estar sujeta a interrupciones ni bloqueos, debido al gran impacto económico causado a la propia operación del transporte de personas, mercancías y bienes, por el pésimo mensaje internacional en materia de inversión y por la pérdida de competitividad y atractivo del país en el fenómeno de relocalización industrial denominado nearshoring.
En conclusión, mientras en México las autoridades sigan prefiriendo el populismo a la aplicación del Estado de Derecho, estaremos lejos de alcanzar nuestro máximo potencial como Nación.