Si bien están por verse los efectos que tendrá la denominada reforma judicial recientemente aprobada, lo que se anticipa es el debilitamiento del Poder Judicial, tanto a nivel federal, como estatal. Dejando a un lado el tema político, que sin duda influirá en la selección de los candidatos para ocupar las plazas de jueces, magistrados y ministros en el país, existen elementos objetivos para prever un escenario desastroso en la impartición de justicia en México.
Ante un escenario que pone en duda si los tribunales del Estado serán del todo confiables, ¿qué pueden hacer las empresas para resolver sus disputas comerciales? Una solución es acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias, también conocidos como MASC, procedimientos para resolver disputas surgidas entre dos o más partes, que se ventilan de forma extrajudicial, sin necesariamente acudir a los órganos jurisdiccionales estatales. En términos llanos, son métodos de justicia privada, pero válidos y vinculantes.
En México, la Constitución consagra como uno de los derechos fundamentales de las personas, el acudir a los MASC para resolver sus disputas. Este derecho se desprende del Artículo 17 constitucional que, en general, regula la garantía de acceso a la justicia.
Adicionalmente, nuestro país es signatario de diversas convenciones internacionales que regulan los MASC. Sin duda, una de las más importantes es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, también conocida como Convención de Nueva York, suscrita por más de 170 países.
México también es parte de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Otra convención de reciente creación relevante, aunque el Estado mexicano aún no la suscribe, es la Convención sobre los Acuerdos de Transacción Resultantes de la Mediación, llamada también Convención de Singapur sobre la Mediación, aprobada en 2018.
A nivel secundario, nuestro país cuenta además con diversas legislaciones en materia de MASC. Justamente en el 2024 fue publicada la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Además, por lo que hace a disputas derivadas de operaciones comerciales, desde 1993 se incorporó en el Código de Comercio un título relativo al arbitraje comercial.
Como podemos ver, México tiene un sólido andamiaje legislativo que permite a las empresas acceder a mecanismos alternativos para resolver disputas, cuando las partes consideran más conveniente no ir a los tribunales del Estado. Este marco normativo también otorga certeza jurídica, pues los MASC no solamente son válidos en México, sino que los convenios o laudos derivados de ellos, son ejecutables en territorio nacional.
Es precisamente gracias a estas convenciones internacionales que, en el comercio internacional, la norma es acudir a los MASC para resolver las disputas; en particular a la mediación y al arbitraje. Solo por excepción las partes de un contrato transfronterizo aceptan someterse a la jurisdicción de tribunales estatales, sean del país de alguno de los contratantes o de un tercer país. Esto no sucede en las disputas domésticas, al menos en México, donde sólo un porcentaje —aunque creciente— de las controversias se resuelven implementando mecanismos alternativos.
Creemos que, con motivo de la reforma judicial, los MASC entrarán en apogeo también para disputas locales.
Como mecanismos alternativos, la mediación y el arbitraje sólo pueden activarse mediante acuerdo de las partes en disputa. Ante el silencio de las partes, sus disputas por default se resuelven por los canales institucionales proporcionados por el Estado. Se requiere de un convenio para excluir a los tribunales judiciales de la resolución del conflicto.
Sin embargo, la mediación y el arbitraje son mecanismos distintos.
En el primer caso, hablamos de un mecanismo de autocomposición, pues, aunque asistidas por un tercero facilitador —el mediador—, son las mismas partes las que llegan a un entendimiento que se formaliza mediante un convenio de transacción. El objetivo de la mediación es lograr el avenimiento de las partes en conflicto. Aunque el rol del mediador es fundamental, su función no es resolver la disputa, sino auxiliar a las partes para encontrar juntas una solución.
Mientras, en el arbitraje las partes otorgan a un tercero —el árbitro— la potestad de resolver la controversia mediante la emisión de una sentencia arbitral, conocida como laudo.
Esta resolución es equivalente a una sentencia judicial.
Otra característica que diferencia a la mediación y el arbitraje, es su obligatoriedad. En la mediación, las partes se obligan a agotarla antes de acudir a un juicio o un arbitraje.
En cambio, en el caso del arbitraje, ninguna de las partes puede unilateralmente renunciar al mecanismo acordado.
Los MASC definitivamente ofrecen importantes ventajas a las partes. Entre ellas, ofrecen celeridad, elemento clave que los tribunales judiciales no han logrado proporcionar. Otra ventaja es la especialización, pues las partes eligen al mediador y al árbitro o árbitros expertos, a diferencia de un juicio, donde el juzgador está previamente designado por el Estado o, peor aún, fue elegido por el voto popular.
Así es que, ante la insistente pregunta de mis clientes sobre qué se puede hacer ante el previsible debilitamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia, en mi respuesta siempre están los MASC. ¿Qué otras medidas pueden implementar las empresas? Con mucho gusto lo platicaremos en otra oportunidad.