Mientras la demanda de cemento pierde fuerza a nivel nacional, producto de la desaceleración en la industria de la construcción y el empeoramiento de las condiciones climáticas, la industria cementera se inconforma por los impuestos ecológicos que deben pagar en Nuevo León y otros estados.
Y es que, para ellos, estos impuestos tienen un enfoque más recaudatorio que ambiental. Así lo considera Julio César Cedeño Fernández, director general de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem).
“La industria cementera comparte el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, estos impuestos, particularmente los que gravan emisiones a la atmósfera, representan una sobrecarga regulatoria y económica para las empresas que participan en el Sistema de Comercio de Emisiones, siendo éste el instrumento más efectivo para la reducción de emisiones”, expresa.
Es esencial, dice, encontrar un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y la competitividad económica, especialmente en un momento en el que México debe fortalecer su atractivo para la inversión y el desarrollo industrial sostenible.
El directivo pide reflexionar sobre el impacto de estos impuestos y optar por alternativas que promuevan beneficios ambientales, alineadas con los objetivos nacionales e internacionales de sostenibilidad.
“La industria mexicana del cemento es una de las más importantes del mundo y América Latina, con el 25% de todo el insumo que se produce en América Latina”, asegura.
México, tiene jugadores claves en este negocio, como son Cemex, Holcim, Cementos Moctezuma y GCC, entre otros, que para Cedeño Fernández tienen el compromiso de implementar tecnología y mejorar sus procesos para potenciar su crecimiento.
Además de los impuestos federales que se fijan a las empresas, en estados como Nuevo León existen los llamados “impuestos verdes”, que se aplican a las firmas con emisiones contaminantes, como las cementeras, ya que explotan la piedra caliza para crear sus insumos y este proceso genera grandes cantidades de polvo.
También pagan impuestos por la extracción de materiales pétreos.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en México hay 13 entidades que perciben ingresos por impuestos verdes.