El gobierno federal acabó con la prohibición al fracking tras formalizar la creación de un comité científico para evaluar técnicas de "bajo impacto". Este viraje administrativo responde a la necesidad de revertir una dependencia crítica del suministro externo: México importa actualmente cerca del 70% del gas natural que consume, volumen indispensable para el 60% de la generación eléctrica nacional. La narrativa oficial defiende ahora el uso de componentes biodegradables y sistemas de reciclaje de agua, distanciándose del método tradicional; sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de la tecnología para operar estos sistemas. Ante la pregunta expresa sobre si la petrolera estatal cuenta con las herramientas necesarias, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: "No, y estamos viendo quién sí".
Este giro ocurre en un momento de vulnerabilidad energética. México consume cerca de 9,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), pero su producción propia ha declinado de forma constante. La dependencia de las cuencas de Texas no es solo económica, sino estratégica. Cualquier interrupción en el suministro por fenómenos climáticos pone en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Bajo esta premisa, el Gobierno ha decidido reabrir el expediente de los recursos no convencionales, una apuesta que, según especialistas, llega con una década de retraso y sin las capacidades técnicas instaladas en la empresa del Estado.
Un mapa con estés hídrico
La viabilidad del proyecto choca con la realidad geofísica del territorio. Según registros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el potencial de gas en lutitas asciende a 141.5 billones de barriles equivalentes, pero su distribución coincide con las regiones de mayor escasez. El 85% del recurso explotable se ubica en zonas de estrés hídrico alto o muy alto, principalmente en el noreste y centro-este del país. La técnica requiere la inyección de entre 100,000 y 130,000 barriles de agua por pozo, volumen que compite directamente con el consumo humano y las actividades agropecuarias en zonas golpeadas por la sequía recurrente.
La cuenca Sabinas-Burro-Picachos, situada entre Coahuila y Nuevo León, concentra el 47% de este potencial. Ambas entidades enfrentan actualmente crisis de abastecimiento y vedas en sus acuíferos. En segundo orden, la región de Burgos, entre Nuevo León y Tamaulipas, resguarda el 38% de los recursos estimados. Un análisis técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) advierte que la extracción de agua por la fracturación hidráulica puede afectar la cantidad y la calidad de los recursos potables al cambiar el equilibrio entre la demanda local y la disponibilidad, situación que se exacerba en zonas de estrés crítico.
En este sentido, el anuncio de que se utilizará agua de mar o residual tratada para los procesos de fracturación ha sido recibido con escepticismo por el sector científico. El costo de tratar y transportar agua de mar hacia las zonas serranas de Coahuila o San Luis Potosí elevaría los costos operativos a niveles prohibitivos. Según datos de la industria, el tratamiento de un solo barril de agua puede añadir 6 dólares adicionales al costo de producción, lo que compromete la rentabilidad de un recurso que ya de por sí es caro de extraer.
Oposición y déficit
Un bloque de más de 80 organizaciones civiles sostiene que el "fracking sustentable" carece de sustento fáctico. En un pronunciamiento conjunto, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Greenpeace México señalaron que explorar una versión ecológica de la técnica "puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe". Su rechazo se apoya en una base de 2,300 estudios científicos compilados por investigadores independientes de Estados Unidos, quienes han documentado riesgos sistémicos durante 15 años: contaminación de mantos freáticos, sismicidad inducida y fugas de metano.
Las organizaciones señalan una "traición" a los compromisos ambientales de la administración actual. Argumentan que el gas fósil, lejos de ser un combustible de transición, acelera la emergencia climática debido a las emisiones de metano, cuyo potencial de calentamiento global es 80 veces superior al del dióxido de carbono en un periodo de 20 años. Además, el bloque opositor cuestiona la suficiencia del recurso: el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 proyecta una producción nacional de 4,988 MMpcd hacia la próxima década, cifra que no alcanzaría para cubrir siquiera el 60% de la demanda nacional proyectada.
Para Manuel Llano, director de CartoCrítica, la rentabilidad también resulta incierta debido a la naturaleza de los pozos no convencionales, que tienen una tasa de declinación mucho más rápida que los convencionales. Esta estructura de costos sugiere que, sin subsidios gubernamentales masivos o precios internacionales del gas muy elevados, la industria nacional del fracking nacería con un déficit financiero estructural.
Conflictos y riesgos
En las regiones de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, donde se ubica el 15% de los recursos en la cuenca Tampico-Misantla, el conflicto adquiere dimensiones sociales y territoriales. Investigadores de la Universidad Iberoamericana han documentado el impacto del extractivismo en comunidades que carecen de consulta previa e informada. La inyección de aguas residuales en pozos de disposición profunda ha sido vinculada directamente con micro sismos que afectan la infraestructura habitacional en zonas geológicamente vulnerables.
El problema no es solo el agua que entra, sino el "agua congénita" que sale. Este líquido de retorno suele estar cargado de metales pesados, hidrocarburos y, en ocasiones, elementos radiactivos presentes naturalmente en las rocas profundas. El manejo de estos lodos de perforación y aguas tóxicas representa un reto logístico y ambiental que México no ha logrado resolver en la explotación convencional, con un historial de derrames y opacidad en el manejo de residuos.
A pesar de las críticas, la mandataria defendió la apertura alegando la necesidad de aprovechar los recursos internos para no depender de la geopolítica estadounidense. Sin embargo, para las comunidades que habitan sobre estas reservas, la promesa de una tecnología limpia resulta poco creíble frente a la evidencia de degradación ambiental en los campos de Texas y Pensilvania.
Una serie de retos
Desde la industria, analistas como Ramsés Pech advierten que, si bien la técnica es viable desde la ingeniería técnica, el país carece de los marcos regulatorios y la infraestructura de ductos necesaria para movilizar el gas de las zonas de extracción a los centros de consumo. La ausencia de capacidades operativas en Pemex, especialmente en perforación horizontal extensiva y fracturación de etapas múltiples, obliga a una reconfiguración de contratos de servicios. Esto abre la puerta a las grandes corporaciones transnacionales que poseen las patentes y el equipo, lo que para muchos críticos contradice el objetivo central de soberanía nacional.
La infraestructura actual de gasoductos en México fue diseñada especialmente para importar gas de norte a sur. Reorientar este flujo para integrar la producción nacional de campos de lutitas requeriría inversiones adicionales en estaciones de compresión y ductos secundarios que conecten las zonas remotas de extracción. En un escenario de austeridad fiscal, la procedencia de los 45,000 millones de dólares anuales necesarios para esta explotación masiva sigue siendo una incógnita.
Una soberanía condicionada
La decisión gubernamental coloca al Estado en una encrucijada física: la búsqueda de energéticos en los mismos territorios donde el agua resulta insuficiente para la población. La viabilidad de este modelo de "bajo impacto" se somete a una resistencia civil y limitaciones tecnológicas que condicionan el futuro de la seguridad hídrica nacional. Si México no logra desarrollar una tecnología propia y un sistema de fiscalización ambiental riguroso, la apertura al fracking podría traducirse en una transferencia de riqueza hacia empresas extranjeras y un pasivo ambiental permanente para las regiones del norte y golfo del país. La soberanía energética, por tanto, se enfrenta a su límite más infranqueable y el reto político es mayúsculo.
El problema que se avecina está tanto en la decisión como en asumir las consecuencias de la misma.
Cifras clave:
Demanda y Dependencia:
• Consumo: 9,000 MMpcd
• Importación: 70% (vía Texas)
• Generación eléctrica: 60% depende del gas
Costos y Recursos:
• Extracción: 40-50 USD por barril
• Limpieza de agua: +6 USD (costo extra)
• Inversión fija: 45,000 mdd anuales
• Potencial total: 141.5 billones de barriles
Huella Hídrica:
• Gasto por pozo: 100,000 a 130,000 barriles de agua
• Conflicto: 85% de reservas en zonas de sequía
Cuencas comprometidas:
• Sabinas (COAH-NL): 47% — Estado hídrico Crítico: acuíferos en veda
• Burgos (NL-TAMPS): 38% — Estado hídrico Alto: disputa agro-industrial
• Tampico (VER-SLP-PUE): 15% — Estado hídrico Medio: riesgo en comunidades