Gracias al auge que han tenido recientemente las redes sociales, se ha reformado la manera en que los partidos políticos y candidaturas transmiten a la ciudadanía sus plataformas y proyectos.
Con ello, surgen también nuevos retos para las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales, cuya encomienda principal consiste en proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral, al ser cada vez más frecuente, los ilícitos en la materia que son cometidos a través de medios electrónicos.
En efecto, dentro del pasado proceso comicial local, se identificaron distintas conductas posiblemente constitutivas de un delito electoral, en los cuales se utilizaron instrumentos tecnológicos.
Ejemplo de lo anterior, es la solicitud de votos por una candidatura a través una red social o de mensajería instantánea, a cambio de alguna contraprestación; el uso de redes sociales personales de las y los servidores públicos, para compartir información sobre una candidatura, dentro de su horario de labores; o el compartir mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Por tanto, es indispensable que las autoridades de procuración de justicia electoral, de acuerdo a nuestro ámbito competencial, implementemos operaciones contundentes, en aras de evitar que estos actos trasgredan los principios rectores de las elecciones.
Además, reviste de vital importancia que, de ser necesario, se actualice el cuerpo normativo actual, para que brinde certeza frente a cualquier conducta lesiva generada por el uso de estos sistemas informáticos, que tienda a erosionar la confianza que debe prevalecer en el actuar de las instituciones democráticas del Estado mexicano.
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