Seguridad en México y la incultura de la legalidad
México sigue rompiendo récords y no necesariamente positivos. Como en los últimos tres años, el 2021 será el año más violento en la historia moderna de México.
Gobiernos van y vienen, pero no se ha diseñado una política de Estado en materia de seguridad para nuestro país. En tres días se cometen más homicidios en México que los que se cometen en todo un año en España.
Más de 35 millones de delitos cometidos en un año según los datos de la ENVIPE que realiza el INEGI. Casi cien muertes al día, con más de cien mil desaparecidos.
Por supuesto que los primeros responsables en alcanzar estos gravísimos índices resultan ser las autoridades y de todos los niveles. El Gobierno ha renunciado a su misión y función fundamental de otorgar la seguridad para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Si bien se ha ido consolidando la iniciativa para tener una instancia de seguridad pública federal de naturaleza militar como lo es la Guardia Nacional, para las dimensiones y densidad demográfica que tiene nuestro país la posibilidad de otorgar cobertura a todas las necesidades en materia de seguridad pública y de seguridad nacional todavía son insuficientes.
Pero además hay que recordar para evitar futuros tropiezos recurrentes, que en los últimos 25 años se han creado cinco instancias de seguridad pública de carácter federal. La pregunta es: ¿Qué pasó con dichas corporaciones? ¿Por qué fracasaron o desaparecieron?
Por otro lado, la renuncia a desarrollar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales se han abandonado. El Gobierno renunció a diseñar un modelo policial con visión de Estado.
Hoy la Guardia Nacional tiene cerca de 100 mil elementos, sin embrago, son casi 360 mil policías estatales y municipales los que tenemos a nivel nacional.
Un Estado de Fuerza que se ha dejado al arbitrio y contentillo de la política coyuntural de gobernadores y alcaldes en turno, sin visión de largo plazo y con las tentaciones inmediatistas a flor de piel.
Pero la inseguridad que sufrimos los ciudadanos no solo se debe al incremento de actos criminales que, por supuesto los hay, si no que existen factores transversales que impactan al sistema social en el que vivimos. Entre ellos dichos factores se encuentra la impunidad.
Está demostrado por los modelos de justicia cívica que un infractor de un reglamento municipal que no es consciente del impacto de sus actos para la comunidad y para sí mismo, incrementará su voluntad para romper el orden social y jurídico pudiendo efectuar delitos de diversa índole a través del tiempo.
Según la propia ENVIPE solo el 7% de los delitos que se cometen en el país llegan a las instancias de procuración de justicia y solo el 1% de los mismos tienen una sentencia condenatoria.
Es decir, el nivel de impunidad llega prácticamente a niveles máximos y nuestro “Estado de Derecho” realmente se traduce en un discurso muy cuestionable.
Otro dato alarmante lo encontramos en la “contracultura criminal”. Esto es la convicción que seha ido promoviendo en nuestra sociedad de que “el que no tranza no avanza”, es la “incultura de la legalidad” en donde los ciudadanos dejamos de ser ciudadanos en la mas amplia expresión del concepto para convertirnos en sujetos que burlan la ley a conveniencia propia o de grupo.
Dicha expresión contracultural se ha ido heredando a las nuevas generaciones y por ello no resulta sorprendente que existan jóvenes que prefieran unirse a una banda criminal aún conscientes del riesgo y daño que pudieran provocar, con el objetivo de obtener ganancias, poder o fama.
Según las cifras presentadas por el INEGI esta semana, por primera vez en la historia desde que tenemos estudios a profundidad de los fenómenos sociales en nuestro país, la principal causa de muerte entre los jóvenes es el homicidio, desplazando a los accidentes de tráfico vinculados al consumo de alcohol y drogas.
Otro de los factores que sin duda se encuentra entre las variables causales del rompimiento del orden jurídico y social en nuestro país es el resquebrajamiento del tejido comunitario.
Hoy somos mas individuos “en solitario” y menos comunitarios. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para el bien individual pero poco propensos a intervenir en cualquier acción que implique pensar “en los otros” en el prójimo que realmente es el próximo a nosotros.
Amitai Etzioni, un filósofo de origen israelí hace algunos años propuso entre los modelos de justicia social el denominado “personalismo comunitario” también denominado modelo de “justicia comunitaria” en el que entre otras cosas proclamaba que una sociedad que no se preocupara por cultivar las virtudes y los valores estaría predestinada al fracaso económico, político y social con sus evidentes consecuencias culturales.
Su propuesta no estaba vinculada a ninguna convicción religiosa pero sí a un marco ético que hoy podría identificarse dentro de la escuela iusnaturalista del derecho, esto significa entre otras cosas, que toda ley, norma, juicio o política pública debería contener elementos éticos para su diseño y aplicación.
México tiene un gran reto hacia el futuro respecto al diseño de políticas de Estado que garanticen la seguridad de los ciudadanos, pero si los ciudadanos no cuidamos a “nuestra comunidad” ninguna política pública nos salvará de la violencia y la impunidad.