Uno de los principios que rige a la función pública electoral, entendida como la finalidad en general, que deben salvaguardar las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales, es la máxima publicidad.
Esto implica que toda la información en posesión de los sujetos obligados serápública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Dicho principio contribuye a que las autoridades, partidos políticos y candidaturas, transparenten los recursos que utilizan en el cumplimiento de las atribuciones y facultades encomendadas en nuestro marco constitucional y legal.
Ciertamente, la apertura de las acciones realizadas por las referidas entidades, robustece el proceso democrático, al permitir que la población conozca las actividades que desarrollan en el ámbito de su competencia, así como el presupuesto asignado y los gastos efectuados.
Por ello, es que incluso la Ley General de la materia, define como delitos electorales la abstención de rendir cuentas de los gastos ordinarios o de campaña, así como la abstención de informar o la rendición de información falsa sobre los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos que hayan perdido su registro.
El establecimiento de estas conductas y sus respectivas sanciones, tiene como objetivo prevenir las vulneraciones al principio de máxima publicidad, vinculado con el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía, para conocer el uso de los recursos en el ámbito político.
De esta manera, al contar con mecanismos que permiten la rendición de cuentas, se busca disminuir los niveles de corrupción, así como aumentar la confianza ciudadana en el quehacer público de las instituciones electorales.