La justicia es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde, y esta debe concretarse en acciones puntuales e impartirse sin distingo de ninguna clase para que iguale a todos frente a la ley. No se trata de una lucha por definir a vencedores y vencidos, se trata de resarcir un daño y evitar que un conflicto menor se convierta en una problemática de mayor escala.
En días recientes, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los municipios del Área Metropolitana de Monterrey y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos, públicamente, una iniciativa para crear la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Nuevo León que tiene como principal objetivo la solución de los conflictos cotidianos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias y acciones puntuales de prevención del delito para que los problemas sociales no escalen a conductas delictivas o actos de violencia mayores, dando solución a éstos de forma expedita, transparente e imparcial.
Con esta legislación, también se busca identificar los factores de riesgo de un infractor y atender las causas que genera la conducta antisocial para evitar que se convierta en delictiva.
Además, de difundir la cultura de la paz por medio de promoción de la solución pacífica de conflictos mediante el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Otro principio transcendental es el utilizar la justicia restaurativa como mecanismo para la reparación del daño en la comunidad por la comisión de las faltas administrativas.
Con la Justicia Cívica si una persona es detenida por, presumiblemente, cometer cualquiera de las faltas previstas en los reglamentos municipales; por ejemplo, ruido excesivo, infracciones de carácter vial o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, antes de ser sancionada con horas de arresto o multas, se valorará el contexto social en el que vive la persona para saber si puede ser sancionada a través de la realización de un trabajo en favor de la comunidad, como mecanismo que busca reparar el daño al tejido social que su conducta provocó. Esto se conoce como transmutar la sanción.
Con esta visión, se busca que la justicia cotidiana sea un factor clave para prevenir conductas antisociales, transformando el enfoque punitivo de arrestos y multas a uno más preventivo con mecanismos interinstitucionales que atiendan las causas que generan esas conductas, minimizando los factores de riesgo para consolidar una auténtica seguridad ciudadana.
Es sumamente importante resaltar el papel que juegan los municipios en este nuevo modelo, ya que son ellos los que tienen a su cargo las funciones administrativas de los Juzgados Cívicos y el Centro de Mediación Municipal; cada municipio deberá contar con los Juzgados Cívicos que sean necesarios, de conformidad con su densidad poblacional, la incidencia de conflictos, la cobertura y el servicio de atención que se requiera, así como un Centro de Mediación Municipal debidamente certificado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial.
Es de reconocer la disposición de todos los alcaldes metropolitanos de sumarse a este gran proyecto, muchos de los municipios ya cuentan con su reglamento de Justicia Cívica y otros están en su proceso para aprobarlos.
Gracias también al Fiscal General de Justicia del Estado y al Secretario de Seguridad Estatal, por su compromiso con un Nuevo León más justo y seguro para todos.