OPINIÓN

Sociedad civil, vigilante principal de los organismos autónomos

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La participación ciudadana, de acuerdo con la Ley en la materia, es el derecho de las y los ciudadanos y habitantes del Estado de Nuevo León, a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

Busca contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de todos los medios de comunicación institucionales a su disposición, así como las redes sociales, para proveer la información, difusión, capacitación y educación, incentivando el desarrollo de una cultura democrática.

Una de las maneras en que se expresa esta participación ciudadana, es precisamente por medio de las denominadas organizaciones de la sociedad civil, las cuales son definidas como un conjunto o agrupación de personas que tienen un fin determinado en busca de alcanzar el bien común y se encuentran fuera del aparato gubernamental formal.

Estoy plenamente convencido que la sociedad civil debe de participar a través de los órganos autónomos como un canal institucional para procesar la pluralidad que existe en nuestro país, no solamente inmersos en los procesos de designación de sus titulares, sino también mediante una participación activa, denunciando los hechos que posiblemente constituyan delitos, a fin de combatir la impunidad.

En efecto, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales somos conscientes de la importancia que representan, razón por la cual, se capacitó a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, en materia de prevención y denuncia de delitos electorales, previo a la jornada comicial.

Por último, quisiera destacar el papel que debe desempeñar la sociedad civil en la supervisión de los organismos autónomos, como garantía de certeza y confianza ciudadana, en aras de convertirse en un parámetro del cumplimiento de las actividades legalmente encomendadas a dichas entidades.