El pasado viernes -21 de enero- un grupo representativo del Congreso Sombra Santa Lucía se presentó en el Congreso del Estado para entregar una iniciativa de reforma a la Ley Electoral para modificar los requisitos para formar una asociación política.
La finalidad de esa propuesta es que se elimine -de la fracción primera del artículo 67 de esa ley- la porciónque impideque los ciudadanos que van a constituir una asociación política pertenezcan -a la vez- a un partido.
A ese respecto hay que decir que esa regla no fue una idea original de los diputados que aprobaron en 2014 la ley que nos rige ahora. En realidad, las primeras dos fracciones del artículo que ahora ese requisito para las asociaciones políticas en Nuevo León, es una copia idéntica del artículo 55 de la Ley Electoral que estuvo vigente de 1996 a 2014.
La pregunta es por qué motivo -en nuestro Estado- se ha considerado que quienes forman una asociación política no deben pertenecer a un partido con registro.
La postura del Congreso Sombra es que los partidos y las asociaciones políticas tienen finalidades distintas y, por lo tanto, la militancia en unos y otras no debería se excluyente.
Según la propia ley, los partidos políticos son entidades de interés público -estatus que no alcanzan las asociaciones- y tienen como finalidad específica “contribuir a la integración de los órganos de representación estatal y municipal y hacer posible mediante el sufragio, el acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popular”.
Mientras que las asociaciones políticas -por orden expresa de la ley- “no tienen por objeto la organización de la ciudadanía para participar en los procesos electorales”, sino que -más bien- “son agrupaciones de ciudadanos para tratar los asuntos políticos del País o del Estado”.
Sólo podrían participar en procesos electorales mediante acuerdos de participación con algún partido político.
Por eso, en el Congreso Sombra pensamos que un ciudadano podría participar de los fines de una asociación políticay -al mismo tiempo- buscar acceder a un cargo público por medio de un partido político.
A nivel federal, las asociaciones políticas nacionales no tienen la misma prohibición. Por eso creemos que Nuevo León no se debe quedar atrás.
Por eso pedimos a los Diputados que, ahora que estudiarán los cambios que conviene hacer en la Ley Electoral, analicen nuestra propuesta y pongan al Estado a la vanguardia de la participación ciudadana.