De manera alarmante los feminicidios en Nuevo León han crecido en un 230 por ciento en el último trimestre del presente año, la tasa más alta en los últimos cinco años.
De acuerdo a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, detallan que en los primeros seis meses del año, de enero a junio, se contabilizan 58 feminicidios, un número que duplican los 21 que se presentaron durante el mismo periodo del año pasado y que prácticamente llegan a los 66 que ocurrieron en todo el 2021.
Hay casos que han llamado la atención de la opinión pública, por la difusión en los medios de comunicación, pero hay otros que han ocurrido y han pasado casi desapercibidos, pero ahí están, y forman parte de las estadísticas.
Posiblemente por el aislamiento al que se nos obligó a permanecer, cuando se dio la crisis del Covid-19 entre 2020 y 2021, los casos de violencia familiar aumentaron en un 30 por ciento, lo cual nos debe de preocupar.
Esta semana se presentó en el Congreso del Estado la Guía para la Atención y Prevención de Casos de Violencias hacia las mujeres, que servirá como una herramienta para los jueces y fiscales, a establecer los protocolos para la protección de las víctimas de violencia.
El documento que contiene el resultado de una investigación que realizaron las Organizaciones No Gubernamentales, Equis Justicia para las Mujeres y Fortis, fue auspiciada por la USAID de los Estados Unidos de América, tardó cuatro años en elaborarse, en donde en base a las experiencias se pueden tomar como parámetro para girar las ordenes de restricción a los victimarios
Como legisladores el trabajo que nos corresponde es revisar a detalle esta Guía para la Atención y Prevención de Casos de Violencias conocerla y determinar si es aplicable a modificar algunas de las leyes para facilitar su aplicación.
La experiencia recabada, los casos analizados, las vivencias que se han plasmado en esta Guía, valen mucho porque las vivencias son casos reales, prácticos que van más allá de una hipótesis de un problema.
También tenemos como tarea armonizar las distintas leyes y códigos, para facilitar la aplicación de las normas a los jueces, que no tengan una disyuntiva al momento de impartir justicia, es decir establecer los protocolos de atención a las víctimas.