El Derecho a Participar
El 23 de marzo el Congreso Local de Nuevo León aprobó en la primera vuelta de la reforma integral a la Constitución enviada por el gobernador Samuel García. Tras una discusión de varias horas, el partido de Morena decidió otorgarle un voto de confianza al proyecto para contribuir a tener un estado más democrático, justo y con miras al futuro. Sabemos que la Constitución necesita un cambio sustancial.
Sin embargo, dejamos en claro que el voto a favor en la segunda vuelta se lo daríamos si y sólo si, se cumplían condiciones mínimas en el documento final. Para empezar, el proyecto que se presentó en el Congreso no es representativo: en su redacción no estuvo involucrada las y los nuevoleonenses. Un documento de esa importancia, en nuestros tiempos, amerita la difusión e inversión de pauta publicitaria de parte del Estado. Necesitamos entender que los derechos que se van a pretenden incluir los tienen que conocer y sobre todo validar todos los que aquí viven.
Por otro lado, además de los avances que este documento plantea, como el derecho a la ciudad y el fomento al teletrabajo, se debe robustecer la participación ciudadana, rescatar la autonomía del municipio, garantizar la paridad, armonizar los criterios de la corte y de la constitución federal y local, eliminar autoridades electorales en candidaturas de diputados y elección de ayuntamientos, inducir la actuación de un gobierno honesto, capacitado en coincidencia de objetivos con la comunidad y empresarios que sumen fuerzas en favor de la educación, seguridad, medio ambiente, productividad y salud, entre otras cosas.
Para que eso sea posible, el Estado debe realizar una labor ejemplar para conocer lo que piensa la ciudadanía de este documento y su contenido. A eso se ha comprometido y todos y todas debemos vigilar que las mesas de trabajo sean verdaderamente abiertas al público y publicitarlas. invirtiendo en medios de comunicación con el presupuesto de los tres poderes del estado.
Desde el Congreso, el compromiso será hacer una invitación a participar a hombres y mujeres que representen a los distintos sectores de la población: obreros, policías, bomberos, periodistas, artistas, académicos, arquitectos, contadores, electricistas, albañiles, médicos, comerciantes, puesteros, colegios de abogados, estudiantes, empleados y empleadas del hogar, madres y padres que trabajan en casa, colectivos, entre otros. Esto, porque si solo se considera a constitucionalistas y expertos, el resultado será una Constitución de nicho y elitista.
Por último, una reforma integral a nuestra Carta Magna debe incluir un análisis presupuestal para que todos los ciudadanos puedan realmente hacer efectivos los derechos humanos y no construir un documento meramente aspiracional. De nada sirve tenerlos en papel si el Estado no puede garantizarlos.
El reto asumido por el Congreso y el Estado no es menor. Más allá del resultado, el proceso tiene la posibilidad de marcar un precedente sobre la democracia participativa de nuestro país.