Peritos independientes, un derecho de las víctimas

Escrito en OPINIÓN el

Han pasado 96 días desde que comenzó la intervención en el sitio conocido como “El Tubo” en Hidalgo, Nuevo León.

Esta intervención se logró por el trabajo de dos años, entre FUNDENL, expertos y autoridades, debido a nuestra insistencia para que la búsqueda fuera interdisciplinaria y profesionalizada.

Hasta el día de hoy, se han recuperado alrededor de 9,000 restos óseos humanos que pertenecen posiblemente a más de 10 Personas Desaparecidas, además de múltiples prendas de vestir y objetos diversos, de los cuales, algunas familias han podido identificar como de sus familiares desaparecidos.

 Desde FUNDENL, notificamos de este sitio a las autoridades Estatales y Nacionales en el año 2020, para llevar a cabo la búsqueda y localización de por lo menos 15 Personas. Ahora, ya cuentan con miles de muestras biológicas recuperadas y también cuentan con los familiares, es decir; un “sitio controlado”, el cual debería de ser procesado considerando esta particularidad para obtener resultados diligentes.

Sin embargo, a pesar que FUNDENL informó de este sitio a las autoridades y hemos sido partícipes desde el inicio de las intervenciones, la Fiscalía General de Justicia ha acordado negar el derecho a las familias de aportar sus Peritos Independientes.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Ley General de Víctimas; el Protocolo Homologado de Búsqueda; los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU; señalan que la participación de las familias de Personas Desaparecidas debe entenderse de una manera amplia y tienen derecho a solicitar la intervención de personas expertas o peritos independientes, nacionales o internacionales, en las acciones de búsqueda encaminadas a la ubicación y procesamiento forense de contextos de hallazgo.

La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, aún así los Derechos de las Víctimas siguen siendo obstaculizados.