Protocolo Alba
La desaparición de mujeres es un grave problema de inseguridad que durante los últimos meses ha acaparado la preocupación de los ciudadanos y de las autoridades estatales y federales.
Lamentablemente, Nuevo León atraviesa una de las peores crisis de violencia contra las mujeres, con los casos de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, quienes, después de ser reportadas como desaparecidas, fueron encontradas sin vida.
Nos duele y nos sacude este escenario que constituye una clara amenaza al derecho que tenemos las mujeres a tener una vida libre de violencia. De ahí es que desde el Congreso asumimos la responsabilidad y el compromiso de tomar cartas en el asunto y contribuir a recuperar la paz.
Es por eso que, con el objetivo de aplicar acciones inmediatas en la búsqueda de niñas o mujeres desaparecidas, las Diputadas y Diputados aprobamos por unanimidad, el pasado 10 de mayo, reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para crear el denominado “Protocolo Alba” que obligará a las autoridades, de los tres niveles de gobierno, a implementar este mecanismo operativo de coordinación interinstitucional de forma inmediata para la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) será el ente que coordine los trabajos del Protocolo Alba, al tiempo que deberá crear un registro de delitos cometidos en contra de las mujeres. Para emitir los lineamientos del Protocolo Alba, la FGJ tendrá 90 días naturales.
El Protocolo Alba implica, además, la creación de un Grupo Técnico de Colaboración para garantizar mejores resultados, en el que participarán corporaciones policiacas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y hoteleras, entre otros. Para la instalación del Grupo Técnico de Colaboración, la Fiscalía tendrá hasta 120 días.
Se garantiza también que las víctimas recibirán atención médica, psicológica y legal, protegiendo en todo momento su integridad.
Aunque en días recientes hemos centrado nuestra atención en los casos de Marifer, Debanhi y Yolanda, tampoco perdemos de vista que, oficialmente, de acuerdo a datos de la propia Fiscalía, 23 mujeres están en calidad de desaparecidas y es urgente actuar. Nos solidarizamos con las familias que cargan con ese inmenso dolor de no saber dónde están sus hijas, hermanas, madres o compañeras de vida.
Damos el voto de confianza a las autoridades estatales y municipales de seguridad pública, así como a las de procuración e impartición de justicia, pero al mismo tiempo las exhortamos a redoblar esfuerzos porque el reto es mayúsculo y la expectativa es muy alta.
Son tiempos de unidad, de trabajo coordinado y de resultados.